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Primero fue la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, que borró de un plumazo la posibilidad de un nodo o hub aeroportuario continental en nuestro país, y de ofrecer a las líneas aéreas nacionales una nueva plataforma de productividad y competitividad. Después, vino la construcción de una terminal aérea costosa, sin economías de escala, marginal e inútil (AIFA) en la periferia lejana de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, entregada al Ejército como edificador y operador. Enseguida, de manera arbitraria, se redujo el tope máximo de operaciones en el AICM, para forzar la transferencia de vuelos al AIFA. También, mediante un decreto, se quiere obligar a las empresas de carga aérea a abandonar el AICM y a llevar sus actividades al AIFA en un plazo perentorio, sin importar el costo y el impacto logístico. Se trata, obsesivamente, de que el AIFA reciba vuelos que justifiquen la atrocidad de haber cancelado el NAIM en Texcoco.

Desde los años setenta se ha construido en México una institucionalidad y comunidad científica sólidas (desde luego perfectibles), de manera concurrente y participativa, tendientes a la excelencia académica y basadas en la evaluación entre pares. Hoy, todo ello está en riesgo, por la iniciativa del presidente López al respecto de una nueva y destructiva iniciativa de “Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías” que fue ingresada a la Cámara de Diputados apenas el pasado diciembre. Se trata del mismo ánimo vandálico con el que pretende destruir al Instituto Nacional Electoral. Aunque se dice Ley General, omite especificar la concurrencia entre gobierno federal, estados, municipios, comunidad científica, universidades, y sociedad civil. Desmantela la participación de la comunidad e instituciones científicas, universidades y sector privado en la junta de gobierno de la nueva entidad paraestatal (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, nombre que es contrario a la Constitución) y en la formulación de agendas, planes, programas y políticas. Es una ley excluyente, centralista y autoritaria; incluso estalinista.

Inversiones masivas en soluciones climáticas son claves para salvar al planeta de los efectos catastróficos del calentamiento global. La Global Financial Markets Association estima que se requieren entre 3 y 5 billones (10¹²) de USD anuales de inversión hacia el 2050 para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París en materia de cambio climático; el IPCC (ONU) calcula 2.4 billones de USD anuales. (Para dimensionar tales cifras, digamos que el PIB de México para 2023 será de aproximadamente 1.4 billones de USD). La inversión actual en soluciones climáticas asciende a aproximadamente 600 mil millones de dólares anuales, lo que significa multiplicar por 5 o por 8 el volumen actual de inversión. Los recursos existen y están disponibles. El mercado de bonos y títulos de renta fija acumula activos por 128 billones de USD, con emisiones anuales de más de 20 billones de USD. Por su lado, los mercados accionarios globales ascienden a 86 billones de USD, aunque las emisiones anuales de acciones son de apenas un billón de USD. Adicionalmente, los mercados de capital privado y de capital de riesgo suman otros 500 mil millones de USD, lo cual podría llegar fácilmente a un billón de USD.

El AIFA en Santa Lucía es un fracaso evidente, y una manzana envenenada para el Ejército. Hoy más que nunca es imperativo retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Los vuelos comerciales en el AIFA son a cuenta gotas y sólo producto de la extorsión y presiones políticas. El AIFA no alivia la saturación del aeropuerto actual (AICM); es un fardo financiero para el gobierno federal; no representa un nodo (hub) de aviación y no compite con los existentes en América (Atlanta, Dallas, Panamá, Miami, San Pablo); no contribuye a la competitividad de la economía; es lejano, aislado e inaccesible y no permite conexiones de vuelos nacionales e internacionales. Ofende a la inteligencia compararlo con los grandes aeropuertos recién construidos en Estambul, Panamá, Pekín y otras metrópolis. Es sólo una terminal provinciana, periférica y marginal que no representa a una Nación que quisiera estar entre las 10 primeras economías del mundo. Sólo el capricho resentido, iluminado, ignorante, populista y militarista, fue capaz de cancelar el NAIM en Texcoco. Los costos han sido gigantescos.

El Metro es un bien público vital para la Ciudad de México. Es la columna vertebral de movilidad y transporte, de satisfacción de la demanda de viajes-persona-día, y factor esencial de productividad y calidad de vida para la mayoría de sus habitantes. El Metro, sistema de bajas emisiones contaminantes por pasajero-kilómetro, llegó a transportar en 2019 – antes de la pandemia – cerca de 1,700 millones de pasajeros. Bienes públicos como el propio Metro, el Sistema de Aguas, y la seguridad, debieran asumirse como prioridades absolutas de gobierno. No es así. Las tragedias ocurridas en el Metro de la CDMX no son accidentes fortuitos. Son consecuencia de problemas de planeación, proyecto, diseño, construcción y mantenimiento (como en la desastrosa Línea 12), y a faltas graves de mantenimiento (Línea 3). Además, claro, de los incendios recientes en subestaciones eléctricas y en el Puesto Central de Control. El contexto es la incompetencia, el despido del personal técnico capacitado y con experiencia, y un ahogo presupuestal ante recortes irresponsables e incapacitantes, degradación y abandono, deterioro de trenes, y déficit de frecuencias.

Ciertamente, los principios de inversión no cambian aún ante el nuevo panorama de riesgos e incertidumbre que plantea el calentamiento global. El análisis fundamental de las decisiones de inversión debe seguir enfocado a los resultados financieros, calidad de la administración de fondos y empresas, valor de la marca y del producto, competidores, tamaño del mercado, y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, es indispensable cada día más, introducir en ese andamiaje analítico nuevas variables y estrategias relacionadas con el cambio climático, a pesar de la llamada “Tragedia del Horizonte”. En ella, los riesgos climáticos se perciben erróneamente como a muy largo plazo, fuera del horizonte de decisión de los inversionistas y reguladores. Esto inhibe la inversión requerida. Sin embargo, como contrapeso, cada día, modelos climáticos más sofisticados hacen posible identificar escenarios y tendencias con mayor resolución que arrojan luz muy valiosa de riesgos no sólo para los inversionistas, sino también para empresas y gobiernos.

El planeta necesita un verdadero Tratado de Paz entre la humanidad y la naturaleza, en palabras de António Guterres, Secretario General de la ONU, pronunciadas este 19 de diciembre con motivo del nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica firmado por 196 países, resultado de la Conferencia de las Partes (COP 15) de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Nunca en la historia el tema había adquirido un sitio tan alto en la agenda global; y eso debería darnos esperanza, al menos en el papel. Las cosas son verdaderamente alarmantes. La deforestación llevada a cabo por la agricultura y la ganadería, y la pesca industrial, han devastado a escala planetaria ecosistemas vitales, y con ello, han puesto en peligro de extinción a millones de especies animales y vegetales, en la tierra y en el mar. Esto sólo es comparable con la última de las extinciones masivas, hace 65 millones de años, que liquidó a los grandes dinosaurios. El nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica incluye 23 objetivos.

La inercia en las temperaturas de la tierra puede contenerse, y sería posible estabilizar el clima en sólo algunas décadas si la humanidad dejara de emitir a la atmósfera Gases de Efecto Invernadero (GEI). Abatiendo las emisiones a cero – digamos, en 2060 – el calentamiento global se detendría, aún y cuando la temperatura del planeta haya aumentado entonces 2°C. ¿Podría mantenerse ahí, para luego reducirse? El IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático, cuerpo científico asesor de la ONU) sugiere que, desde luego, la respuesta requiere tomar en cuenta los intercambios de carbono entre los elementos del sistema climático: atmósfera, océanos, vegetación. Pero, el propio IPCC añade que, si se reducen rápidamente las emisiones de GEI, la reacción del sistema climático puede ser igualmente expedita y discernible en un periodo de diez o veinte años, en el cual podría frenarse el calentamiento.

Goldman Sachs estima que más de la mitad de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) pueden eliminarse con una inversión de un billón de dólares (1012) cada año en las tecnologías existentes: energía renovable incluyendo eólicas en tierra y en el mar, vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, hidrógeno verde, captura de carbono, y energía nuclear. Todas estas tecnologías están interrelacionadas. La energía limpia de bajo costo es intermitente y requiere de almacenamiento a corto plazo en centrales de baterías y redes inteligentes. Esta puede alimentar a los vehículos eléctricos que su vez pueden fungir como estabilizadores de la red eléctrica. Con energía limpia se puede producir hidrógeno verde para almacenamiento a largo plazo de energía y como combustible limpio.

Hacer vivienda es hacer ciudad. Y hacer ciudades competitivas, prósperas, con baja huella ecológica, eficientes y con alta calidad de vida debe ser una de las prioridades en México, país, cada vez más urbano. (Casi el 80% de la población vive en ciudades). Esto exige una doctrina de vivienda enlazada a las políticas urbanas, que garantice el derecho a la ciudad: o sea, a la educación, cultura, esparcimiento, convivencia e integración social, en zonas céntricas de las urbes, o apenas adyacentes, con los servicios públicos esenciales. Sólo viviendas construidas en el contexto de ciudades densas, verticales y con una buena dotación de espacios públicos y áreas verdes y de transporte público serán capaces, así, de asegurar el derecho a la ciudad.

El gobierno mexicano viola la ley y comete fraude contra las Naciones Unidas en materia climática y energética, muy en especial en el sector eléctrico. La generación de electricidad con combustibles fósiles es, en el mundo, la principal fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero causantes del calentamiento global. En México representa aproximadamente el 20% de las emisiones totales nacionales. Por ello, la producción y uso de energías limpias es la base de las políticas contra el cambio climático y de los compromisos de la mayor parte de los países frente al Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). En el caso de nuestro país, la meta establecida en las Leyes de Transición Energética y de Cambio Climático, así como en nuestra contribución al Acuerdo de París (NDC) es generar el 35% de la electricidad con fuentes limpias para el 2024.

Se acostumbra afirmar que el capitalismo es el verdugo del planeta. No se considera que las economías centralmente planificadas o socialistas, fueron, por mucho, más degradantes y depredadoras. Sus consecuencias aún se sufren en China, Rusia, y en países de Europa oriental como Polonia, la antigua Checoeslovaquia y Ucrania. Desde luego que la expansión económica generada por el capitalismo desde el siglo XIX, de la mano de un explosivo crecimiento demográfico, de tecnologías basadas en los combustibles fósiles, y de una demanda exponencialmente creciente de alimentos, se relaciona con la crisis climática, de destrucción de ecosistemas, y de extinción de la biodiversidad. Capitalismo, progreso y disminución de la pobreza han sido trinomio indisoluble, el cual, se pensaba, era incompatible con la conservación de la naturaleza y la protección ambiental: visión, hoy se constata, ideológicamente equivocada.

El programa “Sembrando Vida” es costoso derroche, improvisación, capricho presidencial, y perversa herramienta clientelar para comprar votos y voluntades en el campo mexicano. Y algo más grave: provoca deforestación, especialmente de Acahuales. Estos son bosques secundarios o ecosistemas de transición que se desarrollan naturalmente en tierras agropecuarias en desuso o que han sido abandonadas, las cuales se regeneran a lo largo del tiempo a través de procesos de sucesión ecológica, y que, si se les permite, después de un periodo determinado se reconstituyen como selvas altas, medianas o bajas, o como bosques mesófilos. Son obvias la pertinencia y urgencia de un programa agroforestal en Acahuales ejidales y comunales. También, la conveniencia de crear y multiplicar viveros para la producción de plántulas como insumo para actividades agroforestales, y que además promuevan la cohesión social en comunidades rurales. Sobre todo, porque, en principio, actualmente, es posible gestionar los Acahuales con flexibilidad, ya que la ley no los considera como zonas forestales permanentes sujetas a programas de manejo y a regulaciones burocráticas estrictas. Esto hace factible generar ingresos significativos a los campesinos por medio de agroforestería, respondiendo a la demanda de mercados locales, y también, de mercados nacionales e internacionales de carbono.

México ocupa el décimo lugar en el mundo en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), al contabilizarse emisiones no sólo vinculadas con la generación y uso de energía, sino también aquellas derivadas de actividades agropecuarias, metano y gases industriales, manejo de residuos y deforestación. Las emisiones de nuestro país son mayores que las de Brasil, Francia, Gran Bretaña, Reino Unido, e Italia, por ejemplo. México acoge aproximadamente al 1.7% de la población global, y casualmente, genera un porcentaje parecido del total de emisiones en el planeta. Las emisiones dependen de la población de cada país, del tamaño y estructura sectorial de su economía, de su matriz energética, de la distribución del ingreso y de la riqueza; también, de particularidades geográficas, y de distintas dotaciones de recursos naturales.

Para el 2023, el presidente López mantiene su obsesión por desmantelar e inutilizar al sector ambiental de la administración pública. Desprecia el tema, no lo entiende. Por eso lo castiga, desmantela a las instituciones del sector, y nombra personajes ostensiblemente ineptos e incompetentes en cargos estratégicos. También, desde 2019, le ha recortado el presupuesto, al llamado Ramo 16 (Medio Ambiente y Recursos Naturales) algo sin precedente en México y en el mundo civilizado. Esto, mientras destina decenas de miles de millones de pesos (37 mil millones) al oneroso y perverso programa “Sembrando Vida”, y más de 900 mil millones a subsidios clientelares y a obras megalómanas absurdas (Tren Maya, Dos Bocas).

Uno de los sectores en que el presidente López ha buscado dañar más a México, de manera irreparable, y, siniestramente, con éxito, es la salud pública. El golpe más brutal fue la destrucción del Seguro Popular. México registró avances progresivos notables en servicios de salud pública desde la creación de IMSS en 1943, hasta el desarrollo del Seguro Popular en 2003, que permitió ingresar al sistema de salud pública a más de 50 millones de personas en situación de pobreza. Fueron logros verdaderamente meritorios que la retórica resentida y maniquea del presidente López ha pretendido denostar. La mortalidad general se redujo significativamente gracias a educación sanitaria, vacunación universal, e infraestructura física y humana de atención a la población en forma de un sistema estratificado de clínicas, hospitales e Institutos de Salud (pediatría, cardiología, oncología, enfermedades respiratorias, traumatología, nutrición, enfermedades infecciosas), y de la formación y despliegue de médicos en todo el país.

Desde Morena y sus satélites surge otro intento de imposición ideológica y autoritaria: la prohibición de la Fiesta Brava. Es un atentado contra las libertades individuales y una lamentable expresión de resentimiento cultural anti-hispánico. No sólo desborda ignorancia, sino fanatismo e intolerancia, además de ser una aberración jurídica y un desplante descarado de hipocresía. Lo pretenden hacer modificando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tratándose, los toros de lidia, de una especie totalmente doméstica, no silvestre. Nada tiene que ver la fiesta brava con la temática de esa Ley, excepto porque los toros bravos se crían en libertad en ecosistemas naturales de matorral xerófilo o bosques de encinos. De hecho, la crianza de toros de lidia se da en binomio con la conservación de la biodiversidad. La desaparición de la fiesta brava no sólo implicaría la deforestación de dehesas y del campo bravo, sino, desde luego, la extinción misma del toro de lidia, una raza majestuosa, de enorme bravura, nobleza y hermosísima estampa. Sería una tragedia.

Las industrias siderúrgica, cementera y petroquímica generan alrededor del 20% de las emisiones totales globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Estos sectores enfrentan el gigantesco desafío tecnológico y económico de cumplir con los objetivos climáticos de cero emisiones netas, hacia el 2050. En la industria siderúrgica, la fabricación de acero implica la reducción (depuración química, u absorción de oxígeno) del fierro con un agente reductor, generalmente carbón, lo que conlleva grandes emisiones de CO2. Por su lado, la fabricación del cemento requiere la descarbonatación del carbonato de calcio o caliza y de arcilla, que son la materia prima, lo que se logra cocinando – de manera literal – la caliza a más de 1,400 grados centígrados para obtener Clinker, que se compone básicamente de silicatos de calcio.

Las ventas de vehículos eléctricos se disparan; alcanzarán hasta un 40% del total de unidades vendidas en el mundo en 2030, de acuerdo a The Economist, lo que va a implicar la producción de entre 25 y 40 millones de autos alimentados por electricidad para ese año. De estos, China producirá más de la mitad. Se trata de una compleja cadena de valor donde intervienen la minería de metales “verdes” (cobalto, níquel, litio, cobre), energía para producir baterías, manufactura de baterías, y la manufactura de los propios vehículos; todo ello, además de la infraestructura y equipamiento necesario para el desarrollo de redes de recarga y su integración al sistema eléctrico nacional.

El gobierno del presidente López ha sido un fracaso sin precedente en la historia moderna de México, en todos los órdenes de la vida nacional. Educación, economía, salud, seguridad, política exterior, energía, medio ambiente, combate a la corrupción, y lucha contra la pobreza, han sufrido la frenética compulsión destructiva del Ejecutivo, que no se acompaña por ninguna visión o proyecto coherente de país. Cualquier sistema de indicadores podrá documentar de manera elocuente esta tragedia. Si me obligaran, sin embargo, a señalar el fracaso de mayor alcance y consecuencias me inclinaría por lo ocurrido en el sistema de educación pública. Como todo el mundo sabe, una educación pública de calidad es el prerrequisito ineludible para la formación de capital social y humano, y para elevar la productividad, por tanto, para promover eficazmente el desarrollo económico y abatir la pobreza.

El gobierno del presidente López comete fraude contra la Convención Marco de Naciones Unidas en Materia de Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), y contra el Acuerdo de París en materia de cambio climático. También viola el Artículo 133 Constitucional, ya que tanto la UNFCCC como el Acuerdo de París son tratados internacionales ratificados por el Senado de la República, son Ley Suprema de la Nación, dado este precepto, y deben respetarse. También, violenta la Ley de Cambio Climático. El Acuerdo de París establece en su Artículo 2 el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 1.5 °C y 2 °C con respecto a los niveles preindustriales. Y esto, para evitar consecuencias catastróficas en el clima del planeta en los términos de las orientaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático – IPCC – (cuerpo científico asesor en la materia de la ONU).

El capitalismo ha logrado que en los últimos 50 años la pobreza extrema en el mundo se haya reducido de más del 42% de la población a poco menos del 9%. (Personas que viven con menos de USD 1.90 al día, de acuerdo al Banco Mundial). El ingreso per cápita, a su vez, en los últimos 60 años, ha crecido de 459 USD a 12,700 USD a precios actuales, de acuerdo también al Banco Mundial. Por su lado, la esperanza de vida al nacer, que es el indicador más elocuente de desarrollo humano, se ha elevado entre 1960 y 2020 de 52 a 72 años, como promedio global. El crecimiento económico sostenido en naciones exitosas ha ido de la mano de una profunda reorganización de la sociedad y de la producción, de un acelerado desarrollo tecnológico, de una urbanización vertiginosa, y de la expansión masiva de los sectores de manufactura y servicios. Sin embargo, las diferencias entre países y regiones son notables. Es esencial preguntarnos: ¿Por qué ciertos países o regiones han logrado prosperidad, mientras otros permanecen en un relativo atraso y torpor económico? ¿Por qué la revolución industrial nació en Gran Bretaña y se extendió y replicó rápidamente por Europa occidental y Estados Unidos, y más tarde en Japón, y no en otras naciones? ¿Por qué diversos países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán, Singapur y China han sido capaces de alcanzar a Occidente en materia económica y tecnológica? ¿Por qué otros países no? ¿Por qué ciertas regiones permanecen en la postración económica, mientras que otras, incluso dentro de un mismo país, prosperan y se desarrollan? (como Guerrero, Oaxaca y Chiapas frente al centro y norte de México).

El binomio de López (el presidente) + Buylla (directora del CONACYT) la ha emprendido contra la ciencia mexicana, tal como lo comentamos en la entrega anterior. Ahora trata de formalizar su barbarie con una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Todo, en el contexto de la situación crítica que padece la ciencia mexicana. Los datos son reveladores y deprimentes. Nuestro país invierte ocho veces menos en investigación y desarrollo (I+D) que la media de los países de la OCDE, mientras que aquí se registran 20 veces menos solicitudes de patentes en las oficinas de propiedad intelectual. En realidad, entre 2015 y 2020 el número de solicitudes de patentes se derrumbó en México de 18,071 a 14,312, aparte de que más del 98% de tales solicitudes de patentes fueron hechas por empresas extranjeras. El número de investigadores es nueve veces menor al promedio de la OCDE, y los investigadores mexicanos publican en revistas científicas especializadas la quinta parte del promedio de artículos que publican los científicos de países de la OCDE. Peor; entre 2015 y 2022 el gasto en ciencia y tecnología en México ha disminuido del 0.34 al 0.20 del PIB, y el presupuesto en términos reales se ha abatido casi en 40%. En la nueva iniciativa de Ley (que no tiene el andamiaje de Ley General, pero pretende ser) el binomio López + Buylla intenta consagrar jurídicamente sus despropósitos, que hasta el momento han sido instrumentados por medio de actos administrativos, acuerdos y modificaciones reglamentarias, muchos de los cuales son no sólo ilegales sino inconstitucionales.

La ciencia mexicana ha sido uno de los objetivos de demolición más claros del presidente López y de su directora del CONACYT, Elena Álvarez Buylla, que hace las veces de Lysenko (“científico” de cabecera de Stalin), en la desaparecida Unión Soviética. El binomio López + Buylla ha desplegado todas sus frustraciones, prejuicios y rencores en contra de científicos y Centros Públicos de Investigación (CPI), ostentando fanatismo ideológico, odio por el rigor analítico y el conocimiento científicos, desconfianza del mérito, y antipatía contra expertos y especialistas. Se han propuesto desmantelar y pervertir toda la arquitectura científica de nuestro país. Y lo están logrando. Incluso, persiguiendo a científicos por medio del aparato de justicia, purgando a directores de CPI, y presionando en contra de rectores no afines de universidades públicas. La persecución e intento de encarcelar a científicos como criminales de alta peligrosidad, acusándolos absurdamente de delincuencia organizada y lavado de dinero es un extremo sólo entendible en las peores dictaduras comunistas o fascistas, como las que han sufrido la Unión Soviética y Alemania durante el siglo XX, o Cuba y Corea del Norte, hasta ahora, en pleno siglo XXI.

Ya era claro que el mundo se interna en una ruta de transformación energética y reconfiguración de la economía global a partir de la lucha contra el calentamiento global. La semana pasada, esta certeza sufrió un salto cualitativo con la aprobación, por parte del Senado de los Estados Unidos, de la Ley de Reducción de Inflación (Inflation Reduction Act) – o Ley Climática – promovida por la administración Biden, que hasta hace muy poco se consideraba muerta. Pues resucitó, gracias al voto favorable del senador demócrata Joe Manchin. La Cámara de representantes le dará luz verde sin mayores problemas, y será firmada y promulgada en los próximos días por el Presidente Biden.

Uno de los mayores desafíos en la Transición Energética y por tanto en la lucha contra el calentamiento global es disponibilidad y accesibilidad a metales que son esenciales para la generación de energía limpia, para los vehículos eléctricos y para la electrificación generalizada de procesos y servicios. Se trata básicamente del lito, cobalto, níquel, manganeso, zinc y cobre, además de ciertas tierras raras como el neodimio, samario, escandio, itrio, lantano y otros. Todos estos minerales (metálicos) son utilizados profusamente en la fabricación de turbinas eólicas y motores eléctricos (electroimanes de alta capacidad magnética), o bien en baterías (como electrolitos, catalizadores, ánodos o cátodos), y en líneas de transmisión de energía eléctrica. Se proyecta que la demanda por estos minerales se multiplicará por cuatro de aquí al año 2040 y por seis en 2050 (de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía en sus escenarios de desarrollo sostenible). Tanto China como Europa y Estados Unidos han asumido como prioridad satisfacer tal demanda que crece exponencialmente, con regulaciones ambientales eficaces y criterios de gobernanza social. Recordemos que cada vez es más complejo desarrollar proyectos mineros, por la oposición que frecuentemente generan entre comunidades locales. Esto se debe en buena proporción a los considerables impactos ambientales de la minería, por ejemplo, en cuanto a consumo y contaminación del agua y del suelo, alteración del paisaje, y derrames de presas de jales mineros. Las tierras raras, en especial, no es que sean “raras”, sino que se encuentran asociadas a otros minerales en concentraciones bajas, lo que implica complejos procesos de concentración, lixiviación, beneficio y refinación.

La demografía es el elefante en el cuarto en la lucha contra el calentamiento global. Rara vez se considera a los métodos anticonceptivos y de libre planificación familiar como una “tecnología” para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Cada año, más de 56 mil millones de toneladas de CO2 equivalente (CO2e) son expelidas a la atmósfera, mientras que, en 2022, en noviembre (de acuerdo a Naciones Unidas), el planeta será sobrecargado con una población humana total de 8 mil millones de habitantes. Históricamente, las emisiones de CO2e se han correlacionado con el crecimiento de la población. En el año 2100 la población llegará a aproximadamente 12 mil millones de habitantes – algo escalofriante – a pesar de las fuertes disminuciones en fertilidad (a menos de dos hijos por mujer) observadas en países de desarrollo medio y alto, y de procesos ya visibles de contracción demográfica en ellos. En el África subsahariana, en contraste, el promedio de hijos por mujer es entre seis y ocho, y el continente africano alcanzará en el 2100 alrededor de 4 mil millones de habitantes: una verdadera pesadilla demográfica malthusiana, extinción de hábitat y especies, y conflictos sociales. También, de emisiones de CO2e. (Conforme a una curva ambiental de Kuznets, el impacto ambiental – o las emisiones – crecen conforme a la economía en las primeras etapas de desarrollo, pero decrecen en estadios más avanzados en una “U” invertida). En México, la tasa de fertilidad ha disminuido a 2.1 hijos por mujer, lo que implicará que la población total del país se estabilice hacia la mitad del siglo en unos 150 millones de habitantes. Cada persona adicional en el planeta tiene una huella de carbono que conlleva la emisión media de 7 toneladas anuales de CO2e. (Claro, los pobres emiten menos que los ricos). Esto, como resultado de necesidades de energía, transporte, alimentación y vivienda.