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La electricidad de origen nuclear obedece a principios conceptualmente muy sencillos – aunque su tecnología es obviamente compleja. Uno, es el procesamiento de compuestos de Uranio para enriquecerlo hasta un 4% de Uranio 235 (235U). (Una bomba atómica necesita Uranio enriquecido a más del 90 por ciento). La fisión de Uranio 235 se logra a través de neutrones que golpean y rompen los átomos en una reacción en cadena, moderada por agua o por grafito.

Las ventas de vehículos eléctricos en el mundo crecen exponencialmente (mucho más de lo que se esperaba) debido al avance tecnológico, abatimiento en costos de baterías, y soporte gubernamental en países avanzados. Ya en 2022 el 10% de todos los vehículos comercializados en el mundo fueron eléctricos, diez veces más que en 2017. Los vehículos eléctricos son energéticamente más eficientes que los de combustión interna, son más potentes gracias a mayor torque en sus motores, y emiten mucho menos gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida – sobre todo, si los sistemas de generación de electricidad están basados en energías limpias y energía nuclear (como en Francia). Sus costos de operación y complejidad (menos componentes móviles) también son menores.

El calentamiento global es el desafío existencial que la humanidad enfrenta durante el siglo XXI. En estas décadas se definirá el futuro del planeta y, en muchos sentidos, de las mismas sociedades humanas. Christopher Nolan nos ha recordado recientemente, con su imperdible filme “Oppenheimer”, cómo el hombre es capaz de inimaginables prodigios científicos, económicos y tecnológicos, en ese caso, la bomba atómica, para ganar y terminar la Segunda Guerra Mundial. En sólo cinco años, el proyecto Manhattan alcanzó un éxito científico y técnico a una escala sin precedente, que implicó a más de 130 mil personas (científicos e ingenieros), y a decenas de laboratorios y empresas industriales.

El potencial de la tecnología informática, del Big Data y de la inteligencia artificial (IA) para incidir en la democracia y procesos electorales es inquietante, y tiene diversas vertientes. Las cosas deben analizarse con relativa urgencia, en la medida en que el próximo año un buen número de países tendrá procesos electorales definitorios, tales como Estados Unidos, la India, Gran Bretaña, Indonesia, Taiwán, y desde luego, México.

Salvador Allende murió por su propia mano el 11 de septiembre de 1973 a las 14:00 horas disparándose en el cuello una ráfaga de un AK-47, regalo del dictador cubano Fidel Castro. El golpe militar fue incuestionablemente sangriento y cruel, con alrededor de 2,000 muertes y casos de tortura. Incluso, murieron varios altos mandos de las Fuerzas Armadas. La intervención de la CIA, y la brutalidad del golpe militar han contribuido a hacer de Allende un mito. La caída de Allende fue producto de un rotundo y trágico fracaso político, económico, y social.

El gobierno del presidente López lleva al país a la quiebra. Los datos de México Evalúa son demoledores. Desde 2019 ha aumentado el déficit fiscal de 1.6% del PIB a 3.4% del PIB en 2022. Ha sido el gobierno con el mayor endeudamiento en los últimos cinco sexenios. En promedio, ha endeudado al país por más de 765 mil millones de pesos (MMDP) cada año, o 2.7% del PIB, lo que representa el doble de lo ocurrido en el gobierno de Felipe Calderón. En 2022 se registró el mayor endeudamiento neto de la historia (Requerimientos Financieros de Sector Público – FSP), llegando a 1.2 billones de pesos. Los fideicomisos públicos han sido saqueados.

Las acciones de un déspota pueden ser atroces. Peor, cuando se trata de un déspota ignorante, y cuando se conjugan con soberbia, megalomanía y estulticia, y se motivan por una compulsión avasalladora de concentración de poder. El déspota ignorante despliega por todas partes sus obsesiones destructivas, y piensa que todo lo que él hace merece estar inscrito con letras de oro en el panteón nacional, y, desde luego, consagrado en la Constitución. Así ocurre con el programa de subsidios “Sembrando Vida”.

El establecimiento de Áreas Marinas Protegidas con prohibición de pesca es un instrumento estratégico para la conservación de la biodiversidad marina, y… para la sostenibilidad y productividad de la propia industria pesquera. Recordemos que, en este sentido, el 25 de noviembre de 2107 fue un parteaguas en la historia de la conservación marina, y también, en la historia de la industria pesquera mexicana. A partir de un trabajo inédito entre organizaciones civiles (con la participación del autor de esta columna) y el gobierno federal se lograron los estudios y la concertación necesaria para crear en nuestro país una gran Área Marina Protegida (AMP) en torno al archipiélago de Revillagigedo en el Océano Pacífico – obviamente – en aguas de jurisdicción nacional. Se trató de la mayor AMP con prohibición de pesca en toda América del Norte, con una extensión de casi 15 millones de hectáreas (100 veces la superficie de la Ciudad de México), que la hace la treceava más grande del mundo, y que representa el 4.2% de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país. El objetivo fue, por un lado, la conservación de ecosistemas y especies de un enorme valor ecológico y simbólico, como ballenas, delfines, tortugas, tiburones, mantas (móbulas), y una miríada de peces, crustáceos, aves y moluscos.

Reducir la pobreza significa aumentar la producción o disponibilidad de bienes y servicios para la población de menores ingresos. Esto se puede medir con base en encuestas directamente en los hogares (Encuestas Ingreso-Gasto), o aproximarse por medio de la estimación total del consumo y del gasto del gobierno imputable a cada grupo de ingreso. (Hay una correlación alta entre el PIB per cápita y el ingreso real de los grupos de menores ingresos). Elevar el ingreso de los más pobres puede hacerse sosteniblemente a través de aumentar la productividad por persona, es decir, del valor de los bienes y servicios producidos por cada trabajador, digamos, por hora, por día, o por año. Esto requiere capital humano, educación de calidad y capacitación, inversión privada y pública en bienes de capital, infraestructura, empleos formales, y otras condiciones institucionales. O, como lo hace el presidente López, de manera transitoria a través de decretar aumentos de salarios, y/o de redistribuciones del gasto público en forma de subsidios o ayudas, financiados con el desmantelamiento o desaparición de servicios públicos e inversión pública.

Los “Programas Sociales” del régimen actual deben ser transformados, formalizados, condicionados, acotados, viabilizados o cancelados. Uno de los rasgos más prominentes de un gobierno populista autocrático de izquierda es prodigar subsidios y dádivas directas a la mayor cantidad posible de personas, con la finalidad de asegurar voluntades y votos para apuntalar o perpetuar en el poder al régimen o líder carismático. En México se trata de “programas sociales”, que son subsidios no focalizados, desplegados de manera masiva y universal con una evidente lógica electoral. Algunos “programas sociales” o subsidios vienen de políticas pertinentes (pensiones) de gobiernos anteriores, pero que han sido extendidos, y puestos bajo tutela personal del presidente; otros, son astutas ocurrencias de control político; algunos más son emulación grotesca de lo que ocurre en países desarrollados; otros, son franca demagogia presupuestal. Todos carecen de reglas de operación adecuadas, son opacos, no están focalizados en los más pobres, están envueltos en corrupción, son discrecionales, y pueden tener consecuencias socio-económicas o ambientales verdaderamente perversas.

Pemex es una pesadilla para México. Representa un resumidero inútil de recursos del erario. Despilfarra y devora la renta petrolera de la Nación. Es un enorme factor de riesgo para las finanzas públicas. Acumula una gigantesca deuda que recae sobre todos los contribuyentes. Su calificación crediticia va a la baja. Genera un colosal pasivo laboral. Es nido de corrupción e ineficiencia. Es un improductivo fetiche de un trasnochado culto nacionalista. Desperdicia hidrocarburos valiosos (gas natural) quemándolos o venteándolos en la atmósfera contribuyendo ostensiblemente al calentamiento global. Hace sufrir al país por crecientes accidentes, derrames y riesgos industriales. Es responsable de la emisión de más del 12% de los gases de efecto invernadero de México. Genera volúmenes gigantescos de contaminantes (SOx, PM2.5) que atentan contra la salud. Bloquea políticas públicas de transición energética. Contamina ríos y mares. Es incapaz de competir con petroleras multinacionales y carece de tecnología para acceder a yacimientos en el mar profundo. Su producción de crudo decae. También la producción de gasolinas y diésel. Cada vez genera más combustóleo en refinación, lo que implica pérdidas y contaminación cada vez mayores.

Desde 2018, México ha sufrido un dramático proceso de desmantelamiento institucional y de políticas ambientales, así como de regresión energética y de ruptura de compromisos internacionales, al igual que la degradación de la participación de nuestro país en foros e instancias multilaterales. Los presupuestos fueron recortados de manera incapacitante, personal técnico y directivo con amplia experiencia fue despedido, e instituciones completas y fideicomisos fueron desaparecidos. Organismos autónomos del Estado han sido capturados, y se han bloqueado proyectos e inversiones en energías limpias. Los combustibles fósiles han sido privilegiados, lo que ha provocado mayores daños a la salud, y emisiones de gases de efecto invernadero, además de costos más altos en el sector energético, y pérdidas crecientes en empresas productivas del Estado.

Los plásticos se crean, se consumen, y se usan en cadenas de valor, o circuitos económicos que permanecen abiertos, por lo que son arrojados al medio ambiente. Esto, por falta de instituciones, mercados, precios, normas formales e informales, y/o regulaciones que los cierren. Significa una atroz falla de mercado. Las empresas que producen o usan plásticos en empaques, envases y embalajes se desentienden de su destino y consecuencias finales, y simplemente, transfieren los costos a los gobiernos locales y a la sociedad presente y futura. Desde 1950 a la fecha, más de 8,300 millones de toneladas de plásticos han sido manufacturadas en el mundo. Incluyen, principalmente, PET (Tereftalato de Polietileno), polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, poliestireno, y PVC.

Hay que preguntar directamente por qué no actuamos ante la evidencia cada vez más abrazadora y trágica del calentamiento global. No son suficientes las estadísticas de temperatura extrema, ni las tendencias evidentes de su escalamiento exponencial (el “Palo de Hockey” de Mann, Bradley y Hughes). Tampoco, las consecuencias catastróficas que se proyectan con miles de muertes por calor y deshidratación, además de tormentas de fuego infernales por incendios forestales masivos, aire saturado de partículas tóxicas, mares hirvientes, elevación desastrosa en los niveles del mar, inundaciones bíblicas, muerte masiva de corales, desaparición de glaciares y del hielo en el Ártico, derretimiento de la Antártida y Groenlandia, sequías y hambrunas apocalípticas, y la alteración de corrientes marinas y sistemas de circulación atmosférica, que transformarán radicalmente el clima de la Tierra, provocando con ello cientos de millones de refugiados climáticos.

México atraviesa por una situación crítica, sin precedente en su historia moderna. Un gobierno populista que es conducido con base en falsedades, agresiones mediáticas y manipulación de la opinión pública, promueve la división, la polarización y el enfrentamiento en la sociedad. Rodeado de ineptitud y corrupción, ha concentrado un poder casi absoluto, y ha militarizado al país, otorgándole a las Fuerzas Armadas una amplia gama de negocios y responsabilidades ajenas a su función constitucional. El gobierno ha entrado en una cohabitación tácita con bandas criminales, concediéndoles el control de una gran parte del territorio nacional, habiéndose llegado a niveles récord de violencia con casi 160 mil asesinados en los últimos cuatro años. Se ha arraigado un fenómeno de delincuencia social o de insurgencia criminal, donde el crimen organizado se ha dado a sí mismo base social al insertarse en pueblos, comunidades y colonias. Los cuerpos de seguridad del régimen, la propia Guardia Nacional militarizada, y las Fuerzas Armadas son ostensiblemente incapaces de combatir al crimen.

Distintos tipos de propiedad de la tierra tienen una incidencia diferente en la conservación y uso sostenible de bosques y selvas, en la biodiversidad, y en emisiones y captura de carbono. Propiedad pública, propiedad privada individual o propiedad colectiva de bosques y selvas pueden generar distintos resultados. En países desarrollados, donde hay una vigencia plena del estado de derecho y una institucionalidad sólida, la propiedad pública en conjunción con la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas, básicamente Parques Nacionales, funciona casi de manera infalible. Esto ocurre notablemente en los Estados Unidos, donde alrededor del 35% de territorio nacional es de propiedad pública. A su vez, y en general, la propiedad privada de bosques y selvas es capaz de promover la conservación, siempre y cuando la renta generada por su aprovechamiento sostenible sea mayor al costo de oportunidad, es decir, a los beneficios de remover la vegetación forestal para dedicar la tierra a la agricultura, a la ganadería o al desarrollo urbano.

El cambio climático ha pasado de ser una preocupación de científicos y ambientalistas, a experiencias cotidianas perturbadoras para miles de millones de personas. Como sabemos, es provocado por emisiones de bióxido de carbono (CO2), fundamentalmente, por la quema de combustibles fósiles, así como por la deforestación, y por otros gases de efecto invernadero. El CO2 absorbe la radiación infrarroja de la Tierra e impide que se disipe en el espacio. Esto causa el calentamiento de la atmósfera, de los continentes y de los océanos, y, en consecuencia, alteraciones profundas en los procesos de circulación atmosférica, en corrientes marinas, en temperatura y acidez de los mares, y en tormentas y huracanes, además de provocar el derretimiento de glaciares en la Antártida y Groenlandia, y la elevación consecuente del nivel del mar (además de su expansión térmica). Hoy en día, la temperatura promedio del planeta ya ha aumentado casi 1.5°C desde épocas preindustriales. Un incremento mayor a 2°C tendría consecuencias catastróficas, según nos advierte la ciencia.

Los océanos del mundo están siendo saqueados aceleradamente por la pesca industrial. Casi el 90% de las pesquerías se encuentran en niveles máximos de explotación o en proceso de colapso, y con ellas, ecosistemas marinos vitales. Se sabe que Áreas Protegidas Marinas (APM) con prohibición total o parcial de pesca (en este segundo caso, sólo permitida a pescadores artesanales ribereños) son tal vez la única esperanza de salvar a los mares del planeta. Lo que se sabe menos, es que la prohibición de pesca es también la única alternativa para salvar a la pesca de sí misma. Distintas investigaciones científicas han demostrado en los últimos años que las APM con prohibición de pesca son capaces de restaurar ecosistemas y pesquerías con rapidez, y permitir mayores niveles de captura fuera de sus límites. Esto, por el efecto de “derrame” (spillover effect), a través del cual poblaciones protegidas de animales marinos restablecen altas tasas reproductivas y de reclutamiento, y mayores tallas, que se “exportan” fuera de las APM.

El calentamiento global es una externalidad; esto es, la transferencia de un costo desde actores y actividades privadas a toda la colectividad humana y no humana presente y futura. Es una brutal falla de mercado, que impacta uno de los bienes públicos vitales del planeta: el clima. Los consumidores, empresas y gobiernos disfrutan de los beneficios generados por los combustibles fósiles, pero trasladan a otros sus consecuencias negativas. Es una falla que debe corregirse para evitar consecuencias colectivas catastróficas, internalizando el costo del calentamiento global en quienes lo provocan. El que contamine, que pague. ¿Cómo? Imponiendo un precio a las emisiones de CO2 que equivalga al costo ambiental y climático que generan, a través de un impuesto (Carbon Tax), o de un mercado de carbono. Esto hará que se reduzcan las emisiones en función de la magnitud del impuesto (o del precio de mercado del CO2), y que se desarrollen las mejores alternativas energéticas con la misma métrica. Un precio adecuado al CO2 es la solución preferida de los economistas liberales o neoclásicos para enfrentar el calentamiento global: sencilla, eficiente, transparente, elegante, y eficaz.

El control del territorio nacional por parte del crimen organizado, su fortalecimiento, y diversificación de las actividades delictivas, si bien empezó a manifestarse en años anteriores, se ha profundizado gravemente desde 2019. Esto, ante la capitulación abierta, complicidad, incapacidad o ineptitud de los aparatos gubernamentales de seguridad, destacadamente, la Guardia Nacional. En los primeros cuatro años del gobierno del presidente López se ha acumulado un récord de casi 160 mil asesinatos, sin contar un número indeterminado de desapariciones, o de homicidios sin cuerpo de delito. Esto representa un incremento de 90% con respecto a las cifras registradas en los primero cuatro años del gobierno del presidente Calderón. Los carteles de la droga han logrado evolucionar exitosamente. De traficar esencialmente con mariguana, heroína y cocaína en los años 80´s han mutado al tráfico de drogas sintéticas letales como el fentanilo (cuyos precursores se importan de China), y las metanfetaminas. El negocio del fentanilo es increíblemente rentable, lo que permite al crimen financiar su crecimiento en espacios cedidos por el gobierno. (“Abrazos, no Balazos”).

Como todos sabemos, es preciso llegar al año 2050 con cero emisiones netas de CO2 para evitar que el clima de la Tierra sufra consecuencias catastróficas. Debemos hacer énfasis en la palabra netas, porque es poco probable que ciertas actividades económicas esenciales sean capaces de lograr ese objetivo, tanto por razones tecnológicas como de costo. Tal es el caso de la industria cementera, la siderurgia, petroquímica, y la aviación, que deben compensar sus emisiones de CO2 remanentes. Por su lado, otras industrias enfrentan un proceso complejo y gradual de reducción de emisiones y de neutralidad de carbono, como política corporativa de largo plazo por razones de supervivencia, competitividad, regulaciones, y minimización de riesgos y responsabilidades. Las reducciones de emisiones y la neutralidad de carbono se acreditan a través de metodologías de contabilidad, que registran emisiones directas e indirectas, al igual que compensaciones por absorción o captura de CO2.

Para el presidente López, el petróleo es una obsesión. Por ello, en vez de lanzar a México a la revolución energética e industrial del siglo XXI, lo ha tratado de empujar a un pasado irrecuperable de predominio de los combustibles fósiles. Sin embargo, no sólo ha fracasado rotundamente en la extracción de crudo, que se ha desplomado durante su gobierno de poco más de 1.8 millones de barriles diarios, a menos de 1.6 millones de barriles diarios, sino también en refinación. El presidente López pretende la autosuficiencia en gasolinas, según él, con la finalidad de aislar el precio doméstico de los precios internacionales, para ofrecer en México combustibles automotrices artificialmente baratos. (No conoce el concepto de “Costo de Oportunidad”). Pretende así subsidiar a los vehículos de combustión interna y a sus propietarios, los grupos más ricos de la población. Intenta incrementar la refinación de petróleo en refinerías de PEMEX que no están configuradas para el crudo pesado mexicano, mientras construye una absurda nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. El resultado son pérdidas de más de 37 USD por barril refinado en nuestro país, y la generación de más de 30% de combustóleo por barril refinado, combustible residual, altamente contaminante, el cual se quema a altísimos costos en las termoeléctricas de CFE, habiendo el gobierno bloqueado la generación de electricidad en plantas privadas de energías limpias y baratas.

La Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética, y los compromisos de México en materia de Cambio Climático ante el Acuerdo de París, obligan a nuestro país a generar al menos el 35% de su electricidad con energías limpias para el 2024. El gobierno del presidente López, ostensiblemente, ha pisoteado tales imperativos. Promueve la generación de electricidad con combustibles fósiles, en esencia comabustóleo, en centrales eléctricas obsoletas, contaminantes y caras de CFE. Intenta así darle salida al combustóleo que de manera creciente producen las refinerías de PEMEX, cada vez más ineficientes, sin reconfiguración, y cargadas con petróleo pesado Maya con alto contenido de azufre. Sufren aún más las finanzas de PEMEX y del erario, y la salud de la población expuesta a los contaminantes que emite la quema de combustóleo en termoeléctricas: óxidos de azufre (Sox) y Partículas Inhalables menores a 2.5 micras (PM2.5).

El presidente López intenta desaparecer 18 instituciones de la Administración Pública Federal. No lo logró hacer en el periodo de sesiones del Congreso recién terminado, lo hará en el siguiente, sus iniciativas están listas para septiembre. Su compulsión demoledora es cada vez más intensa conforme se acerca el final de su mandato. Una vez saqueados los fondos de estabilización, el Fondo Mexicano del Petróleo y cerca de 80 fideicomisos, y abultado el endeudamiento, recurre a la destrucción de instituciones con la finalidad de succionar más recursos, que destinará a subsidios clientelares descomunales y a proyectos discrecionales y absurdos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. En el conjunto de instituciones victimadas destacan organismos claves en la agenda ambiental y de sustentabilidad de nuestro país, sector que ha sido particularmente vulnerado y debilitado, al punto de incapacitarse. Recordemos los recortes presupuestales y despidos masivos de personal en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Profepa, Conabio, y la propia Semarnat.

Es corriente la creencia de que el gobierno actual carece de proyecto de nación, y que se conduce de manera errática y caprichosa, sólo bajo el influjo del resentimiento, una ideología incoherente y retardataria, ocurrencias iluminadas, y simple y supina ignorancia. No obstante, en los últimos meses, y en particular en los últimos días, se ha ido perfilando en el trasfondo, una mente siniestra de rasgos canónicos advertibles. Uno, es la multiplicación de subsidios clientelares con la motivación de comprar votos y voluntades, financiados a partir de la destrucción de instituciones de la administración pública y de servicios públicos, así como del saqueo de fondos y fideicomisos, y la acumulación de deuda. Se trata de una gigantesca y apabullante maquinaria diseñada para ganar elecciones. Otro, es la militarización. Las fuerzas armadas van ocupando y capturando espacios cada vez mayores y más diversos, a través de empresas, negocios, contratos, proyectos, y funciones administrativas civiles cruciales. La militarización ha adquirido ya el formato de un auto-golpe militar “suave” y gradual, en el cual el poder civil y militar se van confundiendo al grado que es difícil discernir cuál es subordinado de cuál. El tercero, es un propósito corruptor de las Fuerzas Armadas, política expresa de gobierno, encubierta por un discurso pueril y reiterado de falsa pureza atribuida al presidente.

No basta con disponer de energías limpias, solar o eólica, nuclear, geotérmica o hidrógeno, para combatir el calentamiento global. Lo importante es llevar electricidad limpia a los consumidores. El uso de electricidad crece día con día, no sólo como consecuencia del crecimiento económico y demográfico, sino por la electrificación de casi todo, desde autos a procesos industriales. El consumo de electricidad en el mundo (y en México) crece a más de un 3% anual. Al 2050 habrá que producir, transmitir distribuir y entregar cuatro veces más fluido eléctrico que ahora. Turbinas accionadas a partir de combustibles fósiles, eólicas, geotérmicas, y nucleares giran a 50 o 60 ciclos por segundo (50 – 60 HZ), generando así energía eléctrica de corriente alterna (AC). (En la generación de electricidad solar fotovoltaica no hay rotación, y se produce en forma de corriente directa DC). La electricidad se transmite a través de líneas de alto voltaje (alta presión eléctrica), que recogen y combinan la corriente de diferentes generadores, la cual debe ser adaptada para los consumidores a bajos voltajes por medio de transformadores. La regla existencial de cualquier red eléctrica es que la oferta debe ser igual a la demanda en todo momento, lo que implica un delicado y cambiante balance, permanente y dinámico, de producción y consumo, al tiempo que se mantiene a fortiori la estabilidad de frecuencias y voltaje en todo el sistema. Es una tarea titánica. Cuando este balance se rompe, ocurren apagones. Entre más grandes sean las redes eléctricas, será estadísticamente más sencillo equilibrar oferta y demanda. Esto es, hay grandes economías de escala; entre más grande y más predecible sea la demanda, será factible generar energía con plantas más eficientes y de mayor capacidad. (La generación distribuida o descentralizada o en microrredes es considerablemente más cara).

Es lugar común decir que la minería es un sector económico estratégico para México; de hecho, nuestro país es una potencia minera. Esta actividad representa casi el 9% del PIB industrial y 2.5% del PIB nacional; exporta 18 mil MDD anuales; emplea a más de 330 mil personas; y le reporta ingresos al fisco por más de 73 mil MDP al año. Menos común es reconocer que la minería juega un papel crucial en la transición energética y en la lucha contra el cambio climático, al ofrecer metales claves para redes eléctricas inteligentes, turbinas eólicas, paneles solares, autos eléctricos, inversores, baterías, y un sin número de equipos y dispositivos electrónicos. Buenos ejemplos son el cobalto, manganeso, grafito, níquel, cobre y tierras raras. Desde otro punto de vista, día con día se expande la inquietud por la transferencia de actividades mineras de la tierra al mar, dadas las crecientes restricciones técnicas, ambientales, sociales y políticas que enfrentan en el continente; a pesar de que la minería submarina implica graves consecuencias ecológicas. Los cuestionamientos y conflictos se multiplican para la minería terrestre. Consideremos que la minería es altamente compleja, y de escalas formidables. Implica enormes tajos y excavaciones en minas a cielo abierto, procesos de extracción del mineral por medios mecánicos; separación de las rocas mineralizadas; trituración, lixiviación o flotación, concentración con cianuración o ácido sulfúrico en pilas; depósito de jales (residuos) en presas; y, procesos industriales de beneficio.

La minería es una actividad vital para la transición energética. Cobalto, manganeso, níquel, cobre, grafito, litio y tierras raras (como el neomidio, el holmio y el disprosio) son esenciales para las turbinas eólicas, paneles solares, baterías, y para una lista creciente de aparatos y dispositivos electrónicos. Puede decirse que, sin minería, son imposibles el progreso tecnológico y la lucha contra el calentamiento global. Pero, cada día es técnica y políticamente más compleja la explotación minera en tierra, dados sus impactos ambientales y sociales. (De hecho, en México, el gobierno del presidente López pretende modificar la legislación minera para restringir esta actividad, reduciendo el periodo de vigencia de concesiones de 50 a 15 años, lo que la haría inviable). Al limitarse opciones en tierra, lógicamente, las perspectivas mineras se trasladan a los océanos, lo que obliga a entender las implicaciones ambientales de la minería submarina. Es por esta razón que desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) se construyen instituciones multilaterales de gobernanza ambiental de la minería submarina. El gobierno mexicano, ignora o desprecia el tema, lo cual se inscribe dentro de una política exterior errática y vergonzante.

Los bosques tropicales representan el más rico e importante patrimonio biológico del planeta. Han evolucionado ininterrumpidamente durante millones de años, y han logrado sobrevivir durante las épocas glaciales. Así, han desarrollado adaptaciones e interacciones asombrosas entre especies de flora y fauna, comunidades y poblaciones, y con distintos tipos de suelos y sus microrganismos, al igual que con el medio ambiente físico (precipitación, pendientes, altitud, vientos, radiación solar, temperaturas). Todo ello – que sigue siendo un tema debatido entre ecólogos – ha determinado que los bosques tropicales hayan generado la mayor diversidad biológica de la Tierra. Un ejemplo: en pocas hectáreas de bosques tropicales de montaña pueden existir más especies de árboles, mamíferos, reptiles e insectos que en el territorio de países completos del hemisferio norte. Adicionalmente, los bosques tropicales prodigan servicios ambientales, es decir, protegen cuencas hidrográficas y suelos, estabilizan el clima y los patrones de lluvia, y capturan carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis con lo que contribuyen a la lucha contra el calentamiento global.

El planeta se ahoga en plásticos. Trágicamente, los océanos, cauces de ríos y cuerpos de agua continentales sufren la mayor carga. En México, el problema, además, se expresa en los derechos de vía de las carreteras, que se han transformado en viles basureros lineales de plásticos: envases, empaques, embalajes, bolsas, y cubiertas de invernaderos, lo cual atestigua una gravísima ausencia de civismo y cultura del cuidado de lo público, además de la ineptitud e incuria gubernamentales. Son un reflejo fiel del estado de la Nación, pero también de un problema global. PET, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, poliestireno, polipropileno, cloruro de polivinilo (PVC), y materiales compuestos metalizados o que combinan cartón con plástico sofocan a la biósfera, intoxican ecosistemas y especies, y envilecen paisajes y espacios públicos. Todos ellos, para fines prácticos, son no degradables. Esto llegará hasta la asfixia total, a menos que se tomen medidas radicales tanto a escala internacional o multilateral, como nacional, estatal y municipal. El consumo actual de plásticos en el mundo asciende a más de 460 millones de toneladas anuales, de las cuales, cerca de 350 millones de toneladas se convierten en residuos plásticos, de ellos, alrededor de 22 millones de toneladas anuales se arrojan al medio ambiente. Los océanos del planeta reciben basura plástica en volúmenes que superan los 11 millones de toneladas anuales, a través de los ríos de Asia, América Latina, y África, volumen que se añade a las más de 150 millones de toneladas de plásticos y microplásticos, ya acumulados.

Los desafíos más trascendentes para la humanidad en el siglo XXI se relacionan con bienes públicos globales. Esto es, con sistemas vitales del planeta que no están – ni pueden estar – bajo la jurisdicción de algún Estado ni bajo control de alguna empresa o empresas. Se trata de cosas que requieren forzosamente instituciones globales de gobernanza y regulación. Claramente, hablamos de la atmósfera y del clima de la tierra, de la biodiversidad terrestre y marina, de muchos recursos hídricos continentales, y, de los océanos. Existen ciertos tratados sobre los temas anteriores, pero, el mundo no contaba con un tratado sobre la conservación de la biodiversidad en alta mar, o en mares que están fuera de la jurisdicción de los Estados, más allá de sus mares territoriales y patrimoniales (200 millas náuticas a partir de la línea de la costa). Sobre estos espacios oceánicos se ha cernido implacablemente la “tragedia de los recursos comunes” (Tragedy of the Commons), donde, sin regulación, cada actor sobrexplota los recursos en beneficio propio sin control alguno hasta llegar a su agotamiento o extinción. Lo que es de todos, no es de nadie.

El presidente López gasta veinte mil millones de dólares de recursos públicos en una refinería (Dos Bocas) sin ningún estudio previo de factibilidad, y que nunca será amortizada, representando pérdidas cuantiosas, un pasivo astronómico y un enorme daño patrimonial a la Nación. Con ello, podría haber cuadruplicado la anunciada inversión de Tesla en Monterrey, o triplicado la capacidad total de generación de electricidad limpia (eólica y solar) en México – llevándola a 30 mil MW. Todo, mientras el mundo se desplaza vertiginosamente hacia la electrificación vehicular, y hacia las energías renovables, ambos, pilares en la lucha contra el calentamiento global. La generación de electricidad y los vehículos de combustión interna constituyen la principal fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el planeta. Los vehículos eléctricos (VE), en contraste, no tienen emisiones contaminantes directas, y las indirectas (por la generación de electricidad), en todo caso, pueden ser también cero, o mucho menores a los vehículos de combustión interna (VCI). Adicionalmente su costo nivelado de adquisición, operación y mantenimiento es menor; su eficiencia termodinámica (70%) es mucho mayor que la de los VCI (15%), y su aceleración es considerablemente más ágil gracias al elevado torque instantáneo de los motores eléctricos, además de que prescinden de caja de velocidades y embrague (clutch).

Irónicamente, la criminal agresión de Putin contra Ucrania y las sanciones económicas de Occidente a Rusia han acelerado de golpe la transición energética hacia las energías limpias en el mundo. Es verdad que gobiernos europeos y asiáticos, ante el pánico energético provocado por la guerra, han retomado transitoriamente el uso del carbón en la generación de electricidad, y expandido proyectos y contratos de suministro de gas natural con Qatar, Argelia, Libia y Estados Unidos. Incluso, Alemania, ha reactivado minas de carbón de lignito (Lutzerath) ya cerradas – el combustible más contaminante que existe. Sin embargo, la capacidad de extracción de combustibles fósiles se restringe crecientemente por el desplome de la inversión y mayores costos en exploración y producción. Rusia no puede redirigir su gas natural desde los gasoductos europeos – ahora cerrados o volados – hacia China, y su producción de petróleo y gas pronto decaerá ante la falta de refacciones y tecnología occidental. Lógicamente, la crisis energética así configurada, y provocada por la guerra, ha escalado exponencialmente los precios de los combustibles fósiles – gas, petróleo, carbón.

Desde la publicación de “Los Límites del Crecimiento” (Meadows, 1972) ha habido preocupación por un proyectado agotamiento de materias primas y recursos naturales que pondría un límite a la expansión de la economía global. No ha ocurrido, y no se espera que ocurra en el futuro previsible. La economía de mercado y la tecnología siempre han encontrado la forma de ampliar la oferta de materiales o de encontrar sustitutos. Sin embargo, la búsqueda, producción y explotación de materiales y recursos (minerales, combustibles, plásticos, pesquerías, alimentos, madera) sí entraña impactos crecientes sobre el medio ambiente, sobre ecosistemas vitales, sobre la biodiversidad, y sobre la calidad de vida de las poblaciones humanas. La actividad minera afecta severamente al territorio y al paisaje, y consume volúmenes considerables de agua. La industria de hidrocarburos genera contaminación atmosférica y es la principal fuente de gases de efecto invernadero. Los plásticos saturan a los océanos y cuerpos de agua. La pesca saquea y destruye pesquerías y ecosistemas marinos. La producción de alimentos implica deforestación y contaminación de aguas y suelos, además de gases de efecto invernadero. La extracción de madera de bosques y selvas de manera no regulada, es punta de lanza de cambios de uso del suelo y deforestación.

Primero fue la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, que borró de un plumazo la posibilidad de un nodo o hub aeroportuario continental en nuestro país, y de ofrecer a las líneas aéreas nacionales una nueva plataforma de productividad y competitividad. Después, vino la construcción de una terminal aérea costosa, sin economías de escala, marginal e inútil (AIFA) en la periferia lejana de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, entregada al Ejército como edificador y operador. Enseguida, de manera arbitraria, se redujo el tope máximo de operaciones en el AICM, para forzar la transferencia de vuelos al AIFA. También, mediante un decreto, se quiere obligar a las empresas de carga aérea a abandonar el AICM y a llevar sus actividades al AIFA en un plazo perentorio, sin importar el costo y el impacto logístico. Se trata, obsesivamente, de que el AIFA reciba vuelos que justifiquen la atrocidad de haber cancelado el NAIM en Texcoco.

Desde los años setenta se ha construido en México una institucionalidad y comunidad científica sólidas (desde luego perfectibles), de manera concurrente y participativa, tendientes a la excelencia académica y basadas en la evaluación entre pares. Hoy, todo ello está en riesgo, por la iniciativa del presidente López al respecto de una nueva y destructiva iniciativa de “Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías” que fue ingresada a la Cámara de Diputados apenas el pasado diciembre. Se trata del mismo ánimo vandálico con el que pretende destruir al Instituto Nacional Electoral. Aunque se dice Ley General, omite especificar la concurrencia entre gobierno federal, estados, municipios, comunidad científica, universidades, y sociedad civil. Desmantela la participación de la comunidad e instituciones científicas, universidades y sector privado en la junta de gobierno de la nueva entidad paraestatal (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, nombre que es contrario a la Constitución) y en la formulación de agendas, planes, programas y políticas. Es una ley excluyente, centralista y autoritaria; incluso estalinista.

Inversiones masivas en soluciones climáticas son claves para salvar al planeta de los efectos catastróficos del calentamiento global. La Global Financial Markets Association estima que se requieren entre 3 y 5 billones (10¹²) de USD anuales de inversión hacia el 2050 para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París en materia de cambio climático; el IPCC (ONU) calcula 2.4 billones de USD anuales. (Para dimensionar tales cifras, digamos que el PIB de México para 2023 será de aproximadamente 1.4 billones de USD). La inversión actual en soluciones climáticas asciende a aproximadamente 600 mil millones de dólares anuales, lo que significa multiplicar por 5 o por 8 el volumen actual de inversión. Los recursos existen y están disponibles. El mercado de bonos y títulos de renta fija acumula activos por 128 billones de USD, con emisiones anuales de más de 20 billones de USD. Por su lado, los mercados accionarios globales ascienden a 86 billones de USD, aunque las emisiones anuales de acciones son de apenas un billón de USD. Adicionalmente, los mercados de capital privado y de capital de riesgo suman otros 500 mil millones de USD, lo cual podría llegar fácilmente a un billón de USD.

El AIFA en Santa Lucía es un fracaso evidente, y una manzana envenenada para el Ejército. Hoy más que nunca es imperativo retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Los vuelos comerciales en el AIFA son a cuenta gotas y sólo producto de la extorsión y presiones políticas. El AIFA no alivia la saturación del aeropuerto actual (AICM); es un fardo financiero para el gobierno federal; no representa un nodo (hub) de aviación y no compite con los existentes en América (Atlanta, Dallas, Panamá, Miami, San Pablo); no contribuye a la competitividad de la economía; es lejano, aislado e inaccesible y no permite conexiones de vuelos nacionales e internacionales. Ofende a la inteligencia compararlo con los grandes aeropuertos recién construidos en Estambul, Panamá, Pekín y otras metrópolis. Es sólo una terminal provinciana, periférica y marginal que no representa a una Nación que quisiera estar entre las 10 primeras economías del mundo. Sólo el capricho resentido, iluminado, ignorante, populista y militarista, fue capaz de cancelar el NAIM en Texcoco. Los costos han sido gigantescos.

El Metro es un bien público vital para la Ciudad de México. Es la columna vertebral de movilidad y transporte, de satisfacción de la demanda de viajes-persona-día, y factor esencial de productividad y calidad de vida para la mayoría de sus habitantes. El Metro, sistema de bajas emisiones contaminantes por pasajero-kilómetro, llegó a transportar en 2019 – antes de la pandemia – cerca de 1,700 millones de pasajeros. Bienes públicos como el propio Metro, el Sistema de Aguas, y la seguridad, debieran asumirse como prioridades absolutas de gobierno. No es así. Las tragedias ocurridas en el Metro de la CDMX no son accidentes fortuitos. Son consecuencia de problemas de planeación, proyecto, diseño, construcción y mantenimiento (como en la desastrosa Línea 12), y a faltas graves de mantenimiento (Línea 3). Además, claro, de los incendios recientes en subestaciones eléctricas y en el Puesto Central de Control. El contexto es la incompetencia, el despido del personal técnico capacitado y con experiencia, y un ahogo presupuestal ante recortes irresponsables e incapacitantes, degradación y abandono, deterioro de trenes, y déficit de frecuencias.

Ciertamente, los principios de inversión no cambian aún ante el nuevo panorama de riesgos e incertidumbre que plantea el calentamiento global. El análisis fundamental de las decisiones de inversión debe seguir enfocado a los resultados financieros, calidad de la administración de fondos y empresas, valor de la marca y del producto, competidores, tamaño del mercado, y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, es indispensable cada día más, introducir en ese andamiaje analítico nuevas variables y estrategias relacionadas con el cambio climático, a pesar de la llamada “Tragedia del Horizonte”. En ella, los riesgos climáticos se perciben erróneamente como a muy largo plazo, fuera del horizonte de decisión de los inversionistas y reguladores. Esto inhibe la inversión requerida. Sin embargo, como contrapeso, cada día, modelos climáticos más sofisticados hacen posible identificar escenarios y tendencias con mayor resolución que arrojan luz muy valiosa de riesgos no sólo para los inversionistas, sino también para empresas y gobiernos.

El planeta necesita un verdadero Tratado de Paz entre la humanidad y la naturaleza, en palabras de António Guterres, Secretario General de la ONU, pronunciadas este 19 de diciembre con motivo del nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica firmado por 196 países, resultado de la Conferencia de las Partes (COP 15) de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Nunca en la historia el tema había adquirido un sitio tan alto en la agenda global; y eso debería darnos esperanza, al menos en el papel. Las cosas son verdaderamente alarmantes. La deforestación llevada a cabo por la agricultura y la ganadería, y la pesca industrial, han devastado a escala planetaria ecosistemas vitales, y con ello, han puesto en peligro de extinción a millones de especies animales y vegetales, en la tierra y en el mar. Esto sólo es comparable con la última de las extinciones masivas, hace 65 millones de años, que liquidó a los grandes dinosaurios. El nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica incluye 23 objetivos.

La inercia en las temperaturas de la tierra puede contenerse, y sería posible estabilizar el clima en sólo algunas décadas si la humanidad dejara de emitir a la atmósfera Gases de Efecto Invernadero (GEI). Abatiendo las emisiones a cero – digamos, en 2060 – el calentamiento global se detendría, aún y cuando la temperatura del planeta haya aumentado entonces 2°C. ¿Podría mantenerse ahí, para luego reducirse? El IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático, cuerpo científico asesor de la ONU) sugiere que, desde luego, la respuesta requiere tomar en cuenta los intercambios de carbono entre los elementos del sistema climático: atmósfera, océanos, vegetación. Pero, el propio IPCC añade que, si se reducen rápidamente las emisiones de GEI, la reacción del sistema climático puede ser igualmente expedita y discernible en un periodo de diez o veinte años, en el cual podría frenarse el calentamiento.

Goldman Sachs estima que más de la mitad de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) pueden eliminarse con una inversión de un billón de dólares (1012) cada año en las tecnologías existentes: energía renovable incluyendo eólicas en tierra y en el mar, vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, hidrógeno verde, captura de carbono, y energía nuclear. Todas estas tecnologías están interrelacionadas. La energía limpia de bajo costo es intermitente y requiere de almacenamiento a corto plazo en centrales de baterías y redes inteligentes. Esta puede alimentar a los vehículos eléctricos que su vez pueden fungir como estabilizadores de la red eléctrica. Con energía limpia se puede producir hidrógeno verde para almacenamiento a largo plazo de energía y como combustible limpio.

Hacer vivienda es hacer ciudad. Y hacer ciudades competitivas, prósperas, con baja huella ecológica, eficientes y con alta calidad de vida debe ser una de las prioridades en México, país, cada vez más urbano. (Casi el 80% de la población vive en ciudades). Esto exige una doctrina de vivienda enlazada a las políticas urbanas, que garantice el derecho a la ciudad: o sea, a la educación, cultura, esparcimiento, convivencia e integración social, en zonas céntricas de las urbes, o apenas adyacentes, con los servicios públicos esenciales. Sólo viviendas construidas en el contexto de ciudades densas, verticales y con una buena dotación de espacios públicos y áreas verdes y de transporte público serán capaces, así, de asegurar el derecho a la ciudad.

El gobierno mexicano viola la ley y comete fraude contra las Naciones Unidas en materia climática y energética, muy en especial en el sector eléctrico. La generación de electricidad con combustibles fósiles es, en el mundo, la principal fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero causantes del calentamiento global. En México representa aproximadamente el 20% de las emisiones totales nacionales. Por ello, la producción y uso de energías limpias es la base de las políticas contra el cambio climático y de los compromisos de la mayor parte de los países frente al Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). En el caso de nuestro país, la meta establecida en las Leyes de Transición Energética y de Cambio Climático, así como en nuestra contribución al Acuerdo de París (NDC) es generar el 35% de la electricidad con fuentes limpias para el 2024.

Se acostumbra afirmar que el capitalismo es el verdugo del planeta. No se considera que las economías centralmente planificadas o socialistas, fueron, por mucho, más degradantes y depredadoras. Sus consecuencias aún se sufren en China, Rusia, y en países de Europa oriental como Polonia, la antigua Checoeslovaquia y Ucrania. Desde luego que la expansión económica generada por el capitalismo desde el siglo XIX, de la mano de un explosivo crecimiento demográfico, de tecnologías basadas en los combustibles fósiles, y de una demanda exponencialmente creciente de alimentos, se relaciona con la crisis climática, de destrucción de ecosistemas, y de extinción de la biodiversidad. Capitalismo, progreso y disminución de la pobreza han sido trinomio indisoluble, el cual, se pensaba, era incompatible con la conservación de la naturaleza y la protección ambiental: visión, hoy se constata, ideológicamente equivocada.

El programa “Sembrando Vida” es costoso derroche, improvisación, capricho presidencial, y perversa herramienta clientelar para comprar votos y voluntades en el campo mexicano. Y algo más grave: provoca deforestación, especialmente de Acahuales. Estos son bosques secundarios o ecosistemas de transición que se desarrollan naturalmente en tierras agropecuarias en desuso o que han sido abandonadas, las cuales se regeneran a lo largo del tiempo a través de procesos de sucesión ecológica, y que, si se les permite, después de un periodo determinado se reconstituyen como selvas altas, medianas o bajas, o como bosques mesófilos. Son obvias la pertinencia y urgencia de un programa agroforestal en Acahuales ejidales y comunales. También, la conveniencia de crear y multiplicar viveros para la producción de plántulas como insumo para actividades agroforestales, y que además promuevan la cohesión social en comunidades rurales. Sobre todo, porque, en principio, actualmente, es posible gestionar los Acahuales con flexibilidad, ya que la ley no los considera como zonas forestales permanentes sujetas a programas de manejo y a regulaciones burocráticas estrictas. Esto hace factible generar ingresos significativos a los campesinos por medio de agroforestería, respondiendo a la demanda de mercados locales, y también, de mercados nacionales e internacionales de carbono.

México ocupa el décimo lugar en el mundo en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), al contabilizarse emisiones no sólo vinculadas con la generación y uso de energía, sino también aquellas derivadas de actividades agropecuarias, metano y gases industriales, manejo de residuos y deforestación. Las emisiones de nuestro país son mayores que las de Brasil, Francia, Gran Bretaña, Reino Unido, e Italia, por ejemplo. México acoge aproximadamente al 1.7% de la población global, y casualmente, genera un porcentaje parecido del total de emisiones en el planeta. Las emisiones dependen de la población de cada país, del tamaño y estructura sectorial de su economía, de su matriz energética, de la distribución del ingreso y de la riqueza; también, de particularidades geográficas, y de distintas dotaciones de recursos naturales.

Para el 2023, el presidente López mantiene su obsesión por desmantelar e inutilizar al sector ambiental de la administración pública. Desprecia el tema, no lo entiende. Por eso lo castiga, desmantela a las instituciones del sector, y nombra personajes ostensiblemente ineptos e incompetentes en cargos estratégicos. También, desde 2019, le ha recortado el presupuesto, al llamado Ramo 16 (Medio Ambiente y Recursos Naturales) algo sin precedente en México y en el mundo civilizado. Esto, mientras destina decenas de miles de millones de pesos (37 mil millones) al oneroso y perverso programa “Sembrando Vida”, y más de 900 mil millones a subsidios clientelares y a obras megalómanas absurdas (Tren Maya, Dos Bocas).

Uno de los sectores en que el presidente López ha buscado dañar más a México, de manera irreparable, y, siniestramente, con éxito, es la salud pública. El golpe más brutal fue la destrucción del Seguro Popular. México registró avances progresivos notables en servicios de salud pública desde la creación de IMSS en 1943, hasta el desarrollo del Seguro Popular en 2003, que permitió ingresar al sistema de salud pública a más de 50 millones de personas en situación de pobreza. Fueron logros verdaderamente meritorios que la retórica resentida y maniquea del presidente López ha pretendido denostar. La mortalidad general se redujo significativamente gracias a educación sanitaria, vacunación universal, e infraestructura física y humana de atención a la población en forma de un sistema estratificado de clínicas, hospitales e Institutos de Salud (pediatría, cardiología, oncología, enfermedades respiratorias, traumatología, nutrición, enfermedades infecciosas), y de la formación y despliegue de médicos en todo el país.

Desde Morena y sus satélites surge otro intento de imposición ideológica y autoritaria: la prohibición de la Fiesta Brava. Es un atentado contra las libertades individuales y una lamentable expresión de resentimiento cultural anti-hispánico. No sólo desborda ignorancia, sino fanatismo e intolerancia, además de ser una aberración jurídica y un desplante descarado de hipocresía. Lo pretenden hacer modificando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tratándose, los toros de lidia, de una especie totalmente doméstica, no silvestre. Nada tiene que ver la fiesta brava con la temática de esa Ley, excepto porque los toros bravos se crían en libertad en ecosistemas naturales de matorral xerófilo o bosques de encinos. De hecho, la crianza de toros de lidia se da en binomio con la conservación de la biodiversidad. La desaparición de la fiesta brava no sólo implicaría la deforestación de dehesas y del campo bravo, sino, desde luego, la extinción misma del toro de lidia, una raza majestuosa, de enorme bravura, nobleza y hermosísima estampa. Sería una tragedia.

Las industrias siderúrgica, cementera y petroquímica generan alrededor del 20% de las emisiones totales globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Estos sectores enfrentan el gigantesco desafío tecnológico y económico de cumplir con los objetivos climáticos de cero emisiones netas, hacia el 2050. En la industria siderúrgica, la fabricación de acero implica la reducción (depuración química, u absorción de oxígeno) del fierro con un agente reductor, generalmente carbón, lo que conlleva grandes emisiones de CO2. Por su lado, la fabricación del cemento requiere la descarbonatación del carbonato de calcio o caliza y de arcilla, que son la materia prima, lo que se logra cocinando – de manera literal – la caliza a más de 1,400 grados centígrados para obtener Clinker, que se compone básicamente de silicatos de calcio.

Las ventas de vehículos eléctricos se disparan; alcanzarán hasta un 40% del total de unidades vendidas en el mundo en 2030, de acuerdo a The Economist, lo que va a implicar la producción de entre 25 y 40 millones de autos alimentados por electricidad para ese año. De estos, China producirá más de la mitad. Se trata de una compleja cadena de valor donde intervienen la minería de metales “verdes” (cobalto, níquel, litio, cobre), energía para producir baterías, manufactura de baterías, y la manufactura de los propios vehículos; todo ello, además de la infraestructura y equipamiento necesario para el desarrollo de redes de recarga y su integración al sistema eléctrico nacional.

El gobierno del presidente López ha sido un fracaso sin precedente en la historia moderna de México, en todos los órdenes de la vida nacional. Educación, economía, salud, seguridad, política exterior, energía, medio ambiente, combate a la corrupción, y lucha contra la pobreza, han sufrido la frenética compulsión destructiva del Ejecutivo, que no se acompaña por ninguna visión o proyecto coherente de país. Cualquier sistema de indicadores podrá documentar de manera elocuente esta tragedia. Si me obligaran, sin embargo, a señalar el fracaso de mayor alcance y consecuencias me inclinaría por lo ocurrido en el sistema de educación pública. Como todo el mundo sabe, una educación pública de calidad es el prerrequisito ineludible para la formación de capital social y humano, y para elevar la productividad, por tanto, para promover eficazmente el desarrollo económico y abatir la pobreza.

El gobierno del presidente López comete fraude contra la Convención Marco de Naciones Unidas en Materia de Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), y contra el Acuerdo de París en materia de cambio climático. También viola el Artículo 133 Constitucional, ya que tanto la UNFCCC como el Acuerdo de París son tratados internacionales ratificados por el Senado de la República, son Ley Suprema de la Nación, dado este precepto, y deben respetarse. También, violenta la Ley de Cambio Climático. El Acuerdo de París establece en su Artículo 2 el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 1.5 °C y 2 °C con respecto a los niveles preindustriales. Y esto, para evitar consecuencias catastróficas en el clima del planeta en los términos de las orientaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático – IPCC – (cuerpo científico asesor en la materia de la ONU).

El capitalismo ha logrado que en los últimos 50 años la pobreza extrema en el mundo se haya reducido de más del 42% de la población a poco menos del 9%. (Personas que viven con menos de USD 1.90 al día, de acuerdo al Banco Mundial). El ingreso per cápita, a su vez, en los últimos 60 años, ha crecido de 459 USD a 12,700 USD a precios actuales, de acuerdo también al Banco Mundial. Por su lado, la esperanza de vida al nacer, que es el indicador más elocuente de desarrollo humano, se ha elevado entre 1960 y 2020 de 52 a 72 años, como promedio global. El crecimiento económico sostenido en naciones exitosas ha ido de la mano de una profunda reorganización de la sociedad y de la producción, de un acelerado desarrollo tecnológico, de una urbanización vertiginosa, y de la expansión masiva de los sectores de manufactura y servicios. Sin embargo, las diferencias entre países y regiones son notables. Es esencial preguntarnos: ¿Por qué ciertos países o regiones han logrado prosperidad, mientras otros permanecen en un relativo atraso y torpor económico? ¿Por qué la revolución industrial nació en Gran Bretaña y se extendió y replicó rápidamente por Europa occidental y Estados Unidos, y más tarde en Japón, y no en otras naciones? ¿Por qué diversos países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán, Singapur y China han sido capaces de alcanzar a Occidente en materia económica y tecnológica? ¿Por qué otros países no? ¿Por qué ciertas regiones permanecen en la postración económica, mientras que otras, incluso dentro de un mismo país, prosperan y se desarrollan? (como Guerrero, Oaxaca y Chiapas frente al centro y norte de México).

El binomio de López (el presidente) + Buylla (directora del CONACYT) la ha emprendido contra la ciencia mexicana, tal como lo comentamos en la entrega anterior. Ahora trata de formalizar su barbarie con una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Todo, en el contexto de la situación crítica que padece la ciencia mexicana. Los datos son reveladores y deprimentes. Nuestro país invierte ocho veces menos en investigación y desarrollo (I+D) que la media de los países de la OCDE, mientras que aquí se registran 20 veces menos solicitudes de patentes en las oficinas de propiedad intelectual. En realidad, entre 2015 y 2020 el número de solicitudes de patentes se derrumbó en México de 18,071 a 14,312, aparte de que más del 98% de tales solicitudes de patentes fueron hechas por empresas extranjeras. El número de investigadores es nueve veces menor al promedio de la OCDE, y los investigadores mexicanos publican en revistas científicas especializadas la quinta parte del promedio de artículos que publican los científicos de países de la OCDE. Peor; entre 2015 y 2022 el gasto en ciencia y tecnología en México ha disminuido del 0.34 al 0.20 del PIB, y el presupuesto en términos reales se ha abatido casi en 40%. En la nueva iniciativa de Ley (que no tiene el andamiaje de Ley General, pero pretende ser) el binomio López + Buylla intenta consagrar jurídicamente sus despropósitos, que hasta el momento han sido instrumentados por medio de actos administrativos, acuerdos y modificaciones reglamentarias, muchos de los cuales son no sólo ilegales sino inconstitucionales.

La ciencia mexicana ha sido uno de los objetivos de demolición más claros del presidente López y de su directora del CONACYT, Elena Álvarez Buylla, que hace las veces de Lysenko (“científico” de cabecera de Stalin), en la desaparecida Unión Soviética. El binomio López + Buylla ha desplegado todas sus frustraciones, prejuicios y rencores en contra de científicos y Centros Públicos de Investigación (CPI), ostentando fanatismo ideológico, odio por el rigor analítico y el conocimiento científicos, desconfianza del mérito, y antipatía contra expertos y especialistas. Se han propuesto desmantelar y pervertir toda la arquitectura científica de nuestro país. Y lo están logrando. Incluso, persiguiendo a científicos por medio del aparato de justicia, purgando a directores de CPI, y presionando en contra de rectores no afines de universidades públicas. La persecución e intento de encarcelar a científicos como criminales de alta peligrosidad, acusándolos absurdamente de delincuencia organizada y lavado de dinero es un extremo sólo entendible en las peores dictaduras comunistas o fascistas, como las que han sufrido la Unión Soviética y Alemania durante el siglo XX, o Cuba y Corea del Norte, hasta ahora, en pleno siglo XXI.

Ya era claro que el mundo se interna en una ruta de transformación energética y reconfiguración de la economía global a partir de la lucha contra el calentamiento global. La semana pasada, esta certeza sufrió un salto cualitativo con la aprobación, por parte del Senado de los Estados Unidos, de la Ley de Reducción de Inflación (Inflation Reduction Act) – o Ley Climática – promovida por la administración Biden, que hasta hace muy poco se consideraba muerta. Pues resucitó, gracias al voto favorable del senador demócrata Joe Manchin. La Cámara de representantes le dará luz verde sin mayores problemas, y será firmada y promulgada en los próximos días por el Presidente Biden.

Uno de los mayores desafíos en la Transición Energética y por tanto en la lucha contra el calentamiento global es disponibilidad y accesibilidad a metales que son esenciales para la generación de energía limpia, para los vehículos eléctricos y para la electrificación generalizada de procesos y servicios. Se trata básicamente del lito, cobalto, níquel, manganeso, zinc y cobre, además de ciertas tierras raras como el neodimio, samario, escandio, itrio, lantano y otros. Todos estos minerales (metálicos) son utilizados profusamente en la fabricación de turbinas eólicas y motores eléctricos (electroimanes de alta capacidad magnética), o bien en baterías (como electrolitos, catalizadores, ánodos o cátodos), y en líneas de transmisión de energía eléctrica. Se proyecta que la demanda por estos minerales se multiplicará por cuatro de aquí al año 2040 y por seis en 2050 (de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía en sus escenarios de desarrollo sostenible). Tanto China como Europa y Estados Unidos han asumido como prioridad satisfacer tal demanda que crece exponencialmente, con regulaciones ambientales eficaces y criterios de gobernanza social. Recordemos que cada vez es más complejo desarrollar proyectos mineros, por la oposición que frecuentemente generan entre comunidades locales. Esto se debe en buena proporción a los considerables impactos ambientales de la minería, por ejemplo, en cuanto a consumo y contaminación del agua y del suelo, alteración del paisaje, y derrames de presas de jales mineros. Las tierras raras, en especial, no es que sean “raras”, sino que se encuentran asociadas a otros minerales en concentraciones bajas, lo que implica complejos procesos de concentración, lixiviación, beneficio y refinación.

La demografía es el elefante en el cuarto en la lucha contra el calentamiento global. Rara vez se considera a los métodos anticonceptivos y de libre planificación familiar como una “tecnología” para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Cada año, más de 56 mil millones de toneladas de CO2 equivalente (CO2e) son expelidas a la atmósfera, mientras que, en 2022, en noviembre (de acuerdo a Naciones Unidas), el planeta será sobrecargado con una población humana total de 8 mil millones de habitantes. Históricamente, las emisiones de CO2e se han correlacionado con el crecimiento de la población. En el año 2100 la población llegará a aproximadamente 12 mil millones de habitantes – algo escalofriante – a pesar de las fuertes disminuciones en fertilidad (a menos de dos hijos por mujer) observadas en países de desarrollo medio y alto, y de procesos ya visibles de contracción demográfica en ellos. En el África subsahariana, en contraste, el promedio de hijos por mujer es entre seis y ocho, y el continente africano alcanzará en el 2100 alrededor de 4 mil millones de habitantes: una verdadera pesadilla demográfica malthusiana, extinción de hábitat y especies, y conflictos sociales. También, de emisiones de CO2e. (Conforme a una curva ambiental de Kuznets, el impacto ambiental – o las emisiones – crecen conforme a la economía en las primeras etapas de desarrollo, pero decrecen en estadios más avanzados en una “U” invertida). En México, la tasa de fertilidad ha disminuido a 2.1 hijos por mujer, lo que implicará que la población total del país se estabilice hacia la mitad del siglo en unos 150 millones de habitantes. Cada persona adicional en el planeta tiene una huella de carbono que conlleva la emisión media de 7 toneladas anuales de CO2e. (Claro, los pobres emiten menos que los ricos). Esto, como resultado de necesidades de energía, transporte, alimentación y vivienda.