Desde la publicación de “Los Límites del Crecimiento” (Meadows, 1972) ha habido preocupación por un proyectado agotamiento de materias primas y recursos naturales que pondría un límite a la expansión de la economía global. No ha ocurrido, y no se espera que ocurra en el futuro previsible. La economía de mercado y la tecnología siempre han encontrado la forma de ampliar la oferta de materiales o de encontrar sustitutos. Sin embargo, la búsqueda, producción y explotación de materiales y recursos (minerales, combustibles, plásticos, pesquerías, alimentos, madera) sí entraña impactos crecientes sobre el medio ambiente, sobre ecosistemas vitales, sobre la biodiversidad, y sobre la calidad de vida de las poblaciones humanas. La actividad minera afecta severamente al territorio y al paisaje, y consume volúmenes considerables de agua. La industria de hidrocarburos genera contaminación atmosférica y es la principal fuente de gases de efecto invernadero. Los plásticos saturan a los océanos y cuerpos de agua. La pesca saquea y destruye pesquerías y ecosistemas marinos. La producción de alimentos implica deforestación y contaminación de aguas y suelos, además de gases de efecto invernadero. La extracción de madera de bosques y selvas de manera no regulada, es punta de lanza de cambios de uso del suelo y deforestación. Todo ello ocurre en mercados y circuitos de producción, distribución y consumo que permanecen abiertos por falta de regulación o de un sistema de precios que genere los incentivos necesarios para cerrarlos. Son fallas de mercado donde el medio ambiente se asume sólo como fuente supuestamente inagotable de recursos, materias primas e insumos, y como espacio o sumidero pretendidamente infinito de disposición final de contaminantes y residuos.
Esto debe cambiar, y el concepto y práctica de Economía Circular puede ayudar mucho a cerrar circuitos y mercados, y, por tanto, a hacerlos sostenibles. Se trata de una verdadera política industrial. Esto, a través del reciclaje, reuso, remanufactura y rediseño de bienes y servicios que reintegran materiales e insumos secundarios a procesos de producción, utilización y consumo. Todo ello requiere de un marco jurídico e institucional que ofrezca certidumbre y establezca responsabilidades para diferentes actores económicos, así como instrumentos concretos de política pública, como pueden ser impuestos, regulaciones, incentivos fiscales, planes y programas. En México, se ha llevado a cabo un gran esfuerzo, por legisladores, empresas, y académicos para crear este marco jurídico, institucional y de política, por medio de una Ley General de Economía Circular que ya fue aprobada por el Senado de la República. Desgraciadamente, ha sido congelada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados como consecuencia, al parecer, de un veto ejercido por la actual e inefable SEMARNAT. Es preciso reactivarla y votarla a la brevedad. La iniciativa de Ley, si bien, obviamente, es perfectible y limitada, contiene aspectos muy valiosos. Obliga a quienes fabriquen o importen envases o empaques a hacer un Plan de Economía Circular, o Planes de Manejo de Residuos con indicadores de economía circular, que serán presentados a la autoridad competente. Claramente, establece que los subproductos que no puedan ser reusados o reciclados podrán ser destinados a la generación de energía, por ejemplo, en hornos cementeros o en centrales de generación de electricidad en sustitución de combustibles fósiles. También, la iniciativa de Ley plantea políticas y normas para rediseño, remanufactura, reuso y reciclaje, así como incentivos fiscales, y que los productos deberán ofrecer información sobre su destino al final de su vida útil. Algo muy importante, define que los artículos electrónicos deberán ser regulados y contar con un plan de manejo al final de su vida útil, para su reutilización o reciclaje al final, con la finalidad de enfrentar el grave problema de la basura tóxica que generan. Se determinan como instrumentos de política incentivos fiscales y diversos instrumentos económicos.
Lo anterior, además de los propios Planes de Economía Circular que las empresas deberán de formular y cumplir, los cuales incluirán acciones educativas, apoyo a grupos informales (acopiadores y pepenadores), así como remediación de sitios contaminados, creación de empleos, y de mercados de subproductos. Se prevén asimismo lineamientos para certificación voluntaria de empresas en Economía Circular. Por su lado, el Programa Nacional de Economía Circular contará con indicadores, instrumentos económicos y financieros, regularización de grupos informales, políticas de reutilización y reciclaje, rediseño y restauración, reuso y reciclaje. Se reconoce como organismos operadores de economía circular a asociaciones, bancos de materiales, plantas de generación de energía, y plataformas de materias primas secundarias. Hay igualmente en la iniciativa de Ley, sanciones, multas, clausuras, arrestos administrativos, reparación del daño, suspensión o revocación de concesiones y licencias. Y algo esencial, la iniciativa de Ley establece metas progresivas, de 20% del material reciclado al 2025, y 30% al 2030. Debe ser aprobada de inmediato en la Cámara de Diputados.