Reducir la pobreza significa aumentar la producción o disponibilidad de bienes y servicios para la población de menores ingresos. Esto se puede medir con base en encuestas directamente en los hogares (Encuestas Ingreso-Gasto), o aproximarse por medio de la estimación total del consumo y del gasto del gobierno imputable a cada grupo de ingreso. (Hay una correlación alta entre el PIB per cápita y el ingreso real de los grupos de menores ingresos). Elevar el ingreso de los más pobres puede hacerse sosteniblemente a través de aumentar la productividad por persona, es decir, del valor de los bienes y servicios producidos por cada trabajador, digamos, por hora, por día, o por año. Esto requiere capital humano, educación de calidad y capacitación, inversión privada y pública en bienes de capital, infraestructura, empleos formales, y otras condiciones institucionales. O, como lo hace el presidente López, de manera transitoria a través de decretar aumentos de salarios, y/o de redistribuciones del gasto público en forma de subsidios o ayudas, financiados con el desmantelamiento o desaparición de servicios públicos e inversión pública. También, con un mayor déficit fiscal y endeudamiento. Los datos recientes del INEGI y de CONEVAL, obtenidos a partir de encuestas en los hogares, son reveladores. Es así, que la población total en situación de pobreza, ciertamente, se redujo entre 2018 y 2022 en alrededor de 5 millones de personas. Hasta aquí, el efecto de las transferencias y dádivas del gobierno, de salarios mínimos más altos, y de un volumen histórico de remesas enviadas por mexicanos en el exterior. No obstante, la pobreza extrema en el mismo periodo se incrementó de 8.7 a 9.1 millones de habitantes, dado el desmantelamiento de la política social y el otorgamiento de subsidios sin criterios de focalización en los más pobres.
La lógica del gobierno ha sido, evidentemente, electoral. Más aún, no sólo esta reducción en la pobreza es sólo aparente, sino que es insostenible, dado que se ha financiado con la destrucción de la administración pública, y de servicios vitales para la población. De hecho, durante el periodo considerado, la población vulnerable por carencias sociales se incrementó en más de 5 millones de personas. Lo anterior, como consecuencia de que la población con carencias por acceso a servicios de salud creció trágicamente de 20.1 millones de personas en 2018, a 50.4 millones de personas en 2022. El indicador sintético de salud y bienestar social es la Esperanza de Vida, que en el mismo periodo se contrajo de 75 a 71 años. Por su parte, la mortalidad materna acumulada se ha disparado 12% durante los 4 primeros años del gobierno del presidente López, mientras que la tasa de mortalidad infantil creció en 4% con relación a defunciones infantiles por cada 100 mil nacidos vivos. En paralelo, en el periodo considerado, la cobertura de vacunación infantil se abatió perversamente del 90% a poco más del 50%. Todo ello es un verdadero crimen, en el contexto de la destrucción del Seguro Popular y del sistema de distribución de medicamentos y vacunas, del recorte presupuestal al sistema de salud, de subejercicios deliberados, y de una conducción aviesa e inepta de la política de salud. (Que, por cierto, privilegia el financiamiento a la dictadura comunista cubana con médicos esclavos y compra de vacunas de pésima calidad biológica, sin registro sanitario ni aprobación internacional). El hecho dramático es que hoy en día casi el 40% de la población no tiene acceso a servicios de salud pública. Por su parte, la destrucción de las escuelas de tiempo completo y los recortes a la educación pública han elevado el rezago educativo en casi dos millones de jóvenes durante el periodo analizado. Los presupuestos se han ido a la entrega de dádivas clientelares masivas que, lógicamente, han mejorado los niveles de ingreso en ciertos grupos de población. La transacción es terrible y siniestra. Un poco más de dinero en el bolsillo a cambio de la privación estructural de servicios públicos vitales, lo que implica vulnerabilidades y riesgos de costos catastróficos a las familias.
Desde la perspectiva del PIB per cápita, las cosas no son mejores. El crecimiento real del PIB acumulado durante los primeros cinco años de gobierno (al primer trimestre) del gobierno del presidente López es de 1%, mientras que con Calderón fue de 4% y con Peña de 11%. Un crecimiento del PIB por debajo del crecimiento de la población, significa menores ingresos en promedio, y por tanto más carencias. El PIB per cápita se ha reducido en términos reales (en pesos del 2022, para eliminar el efecto del cambio en el nivel de precios) entre 2018 y 2022 de 147,844 pesos a 142,030 pesos. Recordemos que el PIB mide el ingreso total o la producción y disponibilidad de los bienes y servicios que la población desea o necesita, y que pueden medirse monetariamente. Es decir, por todo lo expuesto, México es, realidad, más pobre.