Los “Programas Sociales” del régimen actual deben ser transformados, formalizados, condicionados, acotados, viabilizados o cancelados. Uno de los rasgos más prominentes de un gobierno populista autocrático de izquierda es prodigar subsidios y dádivas directas a la mayor cantidad posible de personas, con la finalidad de asegurar voluntades y votos para apuntalar o perpetuar en el poder al régimen o líder carismático. En México se trata de “programas sociales”, que son subsidios no focalizados, desplegados de manera masiva y universal con una evidente lógica electoral. Algunos “programas sociales” o subsidios vienen de políticas pertinentes (pensiones) de gobiernos anteriores, pero que han sido extendidos, y puestos bajo tutela personal del presidente; otros, son astutas ocurrencias de control político; algunos más son emulación grotesca de lo que ocurre en países desarrollados; otros, son franca demagogia presupuestal. Todos carecen de reglas de operación adecuadas, son opacos, no están focalizados en los más pobres, están envueltos en corrupción, son discrecionales, y pueden tener consecuencias socio-económicas o ambientales verdaderamente perversas. Ciertos de ellos son fiscalmente insostenibles, y todos se financian a partir del desmantelamiento y destrucción de proyectos e instituciones del Estado, de la administración pública, y de servicios y bienes públicos esenciales (educación, salud, medio ambiente, seguridad, infraestructura productiva). Esto, dado que el actual gobierno, a diferencia de otros casos de populismo de izquierda, sagazmente, no ha disparado el déficit, y ha mantenido equilibrios fiscales razonables. Qué hacer con todos los “programas sociales” se convertirá en un tema estratégico en el debate electoral hacia 2024, y en hoja de ruta del nuevo gobierno del Frente Amplio por México.
El régimen ha elevado a rango constitucional algunos de sus “programas sociales”, convirtiéndolos en “derechos” consignados en el Artículo 4° de nuestra Carta Magna. Tal es el caso de salud “gratuita” para todos los no asegurados, apoyos para discapacitados, becas a estudiantes de diversos niveles educativos, y pensiones no contributivas para todos a partir de los 68 años, aunque ciertos grupos, razas o etnias tienen el privilegio de recibirlas a partir de los 65 años. (Reconozcamos que es un despropósito elevar a rango constitucional políticas públicas del régimen en turno). A todo ello, deben sumarse otros “programas sociales” del régimen como “Sembrando Vida” orientado a que campesinos deforesten (literal) sus parcelas para pretendidamente plantar arbolitos “frutales y maderables”, “Precios de Garantía” para agricultores, “Jóvenes Construyendo Futuro” para quienes no estudian ni trabajan, y “La Escuela es Nuestra” para que padres de familia usufructúen presupuestos que antes se asignaban a instituciones del Estado para mantenimiento y reconstrucción de escuelas. En conjunto, los “programas sociales” importan 545 mil millones de pesos anuales, lo que representa el 7% del presupuesto público total, y el 10 % del gasto programable total del Estado mexicano. Esto es insostenible a todas luces. ¿Qué hacer?
Las pensiones de adultos mayores (335 mil MDP) deben institucionalizarse, regularse, focalizarse en los más pobres y en quienes carezcan de pensión formal, y dotarse de un mecanismo viable de financiamiento fiscal a mediano y largo plazo. (Crecerá ineluctablemente en el futuro este grupo poblacional). Los apoyos a discapacitados (24 mil MDP) deben canalizarse a través del sistema de salud y acoplarse a programas de empleo y capacitación. Es preciso reconstituir el Seguro Popular (68 mil MDP) para ofrecer sostenibilidad a la cobertura de salud contra enfermedades catastróficas a quienes carecen de seguridad social. Es urgente restablecer y generalizar las escuelas de tiempo completo (12 mil MDP). Las becas a estudiantes (83 mil MDP) deben limitarse, focalizarse y entregarse condicionadas al desempeño académico para promover el mérito y el esfuerzo personal. Los precios de garantía (12 mil MDP) deben desaparecer, y convertirse en apoyos a la productividad agrícola. “Sembrando Vida” (38 mil MDP) debe ser reconstituido como un programa a gran escala de restauración ecológica y forestal, de conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas, de pago por servicios ambientales, de captura de carbono, y de desarrollo forestal sustentable en ejidos y comunidades. “La Escuela es Nuestra” (27 mil MDP) debe eliminarse y reintegrarse presupuestos y capacidades operativas al Estado en materia de mantenimiento y reconstrucción de escuelas, con la participación de maestros y padres de familia. “Jóvenes Construyendo Futuro” (23 mil MDP) debe convertirse en un programa serio de capacitación e interface entre escuelas técnicas y empresas, con financiamiento privado, con la participación decisiva de cámaras industriales y de servicios, y con pleno monitoreo, seguimiento, y auditoría, inspirado en el Sistema de Formación Profesional Dual en Alemania. Y los subsidios clientelares a madres trabajadoras (2.9 mil MDP), deben reorientarse al restablecimiento de las estancias infantiles (4 mil MDP). La reconstrucción nacional debe empezar en 2024 por la recodificación de subsidios, que pueden ser instrumento eficaz de combate a la pobreza, de igualdad social, y de creación de bienes públicos esenciales, o perverso derroche opaco y corrupto para el sostenimiento de un régimen populista.