Las Fuerzas Armadas fueron durante décadas una de las instituciones nacionales con el mayor respaldo y reconocimiento en la opinión pública. Lo ganaron a pulso, principalmente, por su lealtad, sobriedad, respeto a la legalidad, su contribución al combate al crimen, y el apoyo brindado a la población en caso de desastres naturales. Se mantuvieron al margen de la política, así como de negocios y contratos corruptores, y de violaciones al estado de derecho. Como mexicano, me duele escribir estas líneas de alerta, dada la admiración y deferencia que me han merecido nuestras Fuerzas Armadas. En el gobierno del presidente López, la actuación de las Fuerzas Armadas en la vida nacional ha sido trastocada de manera radical. La militarización es ubicua y corrosiva, tanto en la seguridad pública, como en infraestructura, servicios, bancos, aduanas, aeropuertos, puertos, trenes, salud pública, y combustibles, entre muchas más actividades. Las fuerzas armadas han sido utilizadas como brazo ejecutor para encubrir ineptitudes, y para justificar opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del gasto con el espurio argumento de “seguridad nacional”. Habiendo destruido o envilecido las instituciones del Estado, el presidente López recurre a las fuerzas armadas para empujar a rajatabla sus caprichos y ocurrencias. No importan la ley, ni la rendición de cuentas, ni la racionalidad económica, técnica y financiera, mucho menos el medio ambiente; sólo su voluntad iluminada. Son públicos ya los escándalos por otorgamiento de contratos sin licitación, por asignación directa y a empresas fantasma, para acatar las órdenes del “Comandante Supremo”. Que nadie pregunte, que nadie indague. Una supuesta eficacia castrense al servicio de la autocracia y el despilfarro. La corrupción, obviamente, acecha y se percola. En las dictaduras, tradicionalmente, las fuerzas armadas son cómplices de la corrupción del poder público, a través del control de empresas estratégicas, de negocios jugosos e instituciones clave; es un seguro de vida para los tiranos, que así compran lealtad e impunidad. Ahí están Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Corea del Norte, entre otros congéneres. México sigue ahora en esa oprobiosa lista.
A los baldones que penden de la mano del presidente López sobre nuestras Fuerzas Armadas se suma ignominiosamente la delincuencia ambiental, dado que el Ejército es contratista del Tren Maya. Pisoteando la Ley y órdenes judiciales, arrancaron y han reanudado – por instrucciones expresas del presidente López – la devastación de las selvas de Quintana Roo, de sistemas hidrológicos, cenotes y ríos subterráneos. Todo, en flagrante violación del estado de derecho. ¿Obediencia debida, o responsabilidad penal? (Recordemos, toda proporción guardada, la defensa de los perpetradores de la represión argentina con Videla, Viola y Galtieri; ¿les dice algo el nombre de Alfredo Astiz?).
Se han presentado 6 amparos contra el Tramo 5 del Tren maya. Dos de ellos gozan de medidas cautelares provisionales. En uno de ellos, el juez ya estableció la suspensión definitiva. Viene una audiencia el 28 de julio donde se demostrará que la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por el gobierno es ilegal, deficiente e insuficiente. Por ello, las obras deben seguir suspendidas. Lo más grave, es que hay delitos cometidos por los ejecutores del Tren Maya, en este caso, el Ejército. Por una parte, los referentes al Artículo 418 y 418 Quater del Código Penal que determinan severas penas de prisión y multas por deforestación ilegal, y por no cumplir medidas para evitar el daño ambiental dictadas por la autoridad judicial. Hay responsabilidades penales a los mandos militares por Incidente de Inejecución de la Ley de Amparo (por trasgresión a la suspensión establecida por el juez). La propia Ley de Amparo define en sus Artículos 262 y 267 penas hasta de 10 años de prisión a quien incumpla una sentencia de amparo o no obedezca un auto de suspensión judicial. Esto toca directamente al Ejército, a quien López ha hecho pasar a la ilegalidad. Ningún acuerdo administrativo – como los emitidos recientemente – puede estar por encima de la ley (Ley de Amparo, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Código Penal Federal). Su violación y desacato constituyen delitos flagrantes penados con cárcel. La Ley de Seguridad Nacional no prevé lo que López ha decretado con respecto al Tren Maya (de “seguridad nacional”). El Consejo de Seguridad Nacional no puede hacerlo, si no está expresamente tipificado y justificado en la Ley, y los trenes no están previstos en esta legislación.
El Ejército Mexicano pisa terrenos movedizos e históricamente peligrosos. Pone en juego su prestigio e integridad. Es inaceptable. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas deben reaccionar, y plantarle cara el presidente López, ya que los obliga a violar la ley y a pisotear el estado de derecho. No hay lealtad en ello, sino complicidad.