Como todos sabemos, es preciso llegar al año 2050 con cero emisiones netas de CO2 para evitar que el clima de la Tierra sufra consecuencias catastróficas. Debemos hacer énfasis en la palabra netas, porque es poco probable que ciertas actividades económicas esenciales sean capaces de lograr ese objetivo, tanto por razones tecnológicas como de costo. Tal es el caso de la industria cementera, la siderurgia, petroquímica, y la aviación, que deben compensar sus emisiones de CO2 remanentes. Por su lado, otras industrias enfrentan un proceso complejo y gradual de reducción de emisiones y de neutralidad de carbono, como política corporativa de largo plazo por razones de supervivencia, competitividad, regulaciones, y minimización de riesgos y responsabilidades. Las reducciones de emisiones y la neutralidad de carbono se acreditan a través de metodologías de contabilidad, que registran emisiones directas e indirectas, al igual que compensaciones por absorción o captura de CO2. Esto sirve de base para reportes (como si fuesen estados financieros) a diferentes actores o entidades institucionales, de gobierno, accionistas, y del mercado de valores. Hoy por hoy, y en el futuro previsible, la única forma práctica y económica de compensar emisiones es a través de absorber o capturar CO2 de la atmósfera en proyectos forestales, esto es, de evitar la deforestación, reforestar o restaurar ecosistemas forestales. (Obviamente, de esta forma, se crea un vínculo inmediato entre captura de carbono y conservación de la biodiversidad).
Para llevar a cabo estos proyectos forestales es preciso conocer a fondo la ecología y biología de bosques tanto templados como tropicales, su dinámica de desarrollo, y técnicas muy avanzadas de percepción remota satelital para medir y monitorear sus características dasonómicas, de crecimiento y de absorción de CO2 por fotosíntesis. Además, es indispensable también contar con capacidades de gestión social y política que permitan negociaciones y contratos con comunidades rurales propietarias de tierras, bosques y selvas. Es preciso pagar a los propietarios una cantidad igual o mayor al costo de oportunidad de la tierra. Esto es más difícil cuando existen subsidios gubernamentales perversos que promueven la deforestación como “Sembrando Vida”. Normalmente, son empresas desarrolladoras especializadas internacionales quienes los llevan a cabo. Quien paga, son las empresas industriales que requieren compensar sus emisiones de CO2, por sí mismas directamente bajo acuerdo con la empresa desarrolladora del proyecto forestal, o por medio de la compra de Créditos de Carbono Forestal (offsets) en mercados internacionales. Por supuesto, existen entidades que certifican el desempeño de los proyectos y la calidad y credibilidad de los Créditos de Carbono (no siempre fidedignas), sobre todo, porque hay problemas que incluso pueden constituir una simulación o un fraude. En este sentido, los proyectos forestales deben cumplir con dos condiciones canónicas. La primera es ser adicionales; es decir, que la captura de CO2 atribuible a ellos no hubiera ocurrido en su ausencia, a partir de una hipotética línea base de emisiones o de captura. Se trata de una condición contrafactual muy difícil de acreditar. Se estima que hoy en día más del 80% de los proyectos no la cumplen. Para que se cumpla, paradójicamente, los proyectos deben desarrollarse en tierras de propietarios que claramente destruyen, deforestan o manejan muy mal sus bosques o selvas, los que, por cierto, normalmente son aquellas comunidades con las cuales es más complicado negociar y pactar, o donde los costos de transacción y los riesgos son mucho mayores. Se trata de problemas serios de gobernanza, de conflictos agrarios, e incluso de chantaje, ruptura de acuerdos, o de exigencias exorbitantes de pago. Aquí, obviamente, el costo de una tonelada de CO2 capturada y convertida en Crédito u offset es mucho más elevado que lo que el mercado está dispuesto a pagar. Mientras tanto, quedan marginados, perversamente, los propietarios o comunidades que sí conservan y manejan adecuadamente sus bosques y selvas, donde no están en riesgo, ya que ahí los proyectos no son adicionales. O sea, que, en ausencia del proyecto, de todas formas, se conservarían. En el mejor de los casos, el volumen de los créditos u offsets generados por ellos es muy bajo. Así, no hay mercado de carbono o pagos para propietarios y comunidades rurales que sí hacen bien las cosas. La segunda condición para un proyecto y para Créditos u offsets creíbles, es que no haya fugas (leakage). Esto es, que la deforestación evitada en un sitio, no se traslade a otro lado, ya que entonces no habrá ni captura real de CO2 ni reducción neta de emisiones. Una solución a los problemas aquí planteados sería, tal vez, proyectos regionales con áreas de referencia (conservadas) y con áreas en degradación, y pagarles a los dos tipos de propietarios. Esto resuelve el problema de la adicionalidad y de las fugas. En fin, el mercado forestal de carbono tendrá muchas dificultades para desarrollarse, pero es indispensable en el contexto de cero emisiones netas al 2050, y de los imperativos de conservación de la biodiversidad.