Entre 2018 y 2024 México ha sufrido un dramático proceso de desmantelamiento institucional y de políticas ambientales, así como de regresión energética y de ruptura de compromisos internacionales, al igual que la degradación de la participación de nuestro país en foros e instancias multilaterales. Los presupuestos ambientales fueron recortados de manera incapacitante, personal técnico y directivo con amplia experiencia fue despedido, e instituciones completas ý fideicomisos fueron desaparecidos. Se ha instalado durante estos años un escenario de impunidad y violación de la Ley, así como de destrucción de ecosistemas por acciones directas y proyectos del gobierno llevados a cabo de manera ilegal y opaca, y envueltos en militarización, discrecionalidad y corrupción. Es por ello vital plantear una verdadera cruzada de reconstrucción institucional y de políticas ambientales, de sustentabilidad y de cambio climático a partir del 2024, de recuperación del prestigio internacional de México, de cumplimiento de compromisos internacionales, de integración intersectorial y de desarrollo económico sostenible. La economía mexicana en siglo XXI exige una estrategia tecnológica, energética, fiscal, de política industrial, de Nearshoring, de gestión territorial, hidráulica, urbana, agropecuaria, y de pesca, para asegurar competitividad y sustentabilidad, y cero emisiones netas de gases de efecto invernadero hacia el año 2050, brújula ineludible de desarrollo económico para las décadas siguientes.
Sobre estas premisas, es necesario actuar en el contexto de intensa competencia económica, asombrosa innovación tecnológica, relocalización geográfica de inversiones, y transformaciones rápidas en la estructura de relaciones comerciales, multilaterales y geopolíticas en el mundo. Debe reconocerse un escenario, por un lado, de crecientes demandas sobre el Estado en materia de una amplia gama de bienes públicos como seguridad, salud, educación, infraestructura, que compiten con bienes públicos ambientales, y por el otro, recursos escasos en una fiscalidad siempre limitada. Es de importancia existencial dejar atrás el uso de combustibles fósiles lo más rápido posible, lograr el despliegue masivo de energías limpias (eólica, solar, geotérmica, nuclear, hidrógeno), interconectar todo el sistema eléctrico nacional y crear capacidades de almacenamiento de energía, y redes eléctricas inteligentes.
También, planear y desarrollar infraestructura para la adaptación al cambio climático (obras de protección costera, obras hidráulicas, diseño y planeación urbana), con énfasis en las poblaciones más vulnerables, incluyendo un mecanismo de financiamiento nacional e internacional. Es prioridad vital crear nuevas Áreas Naturales Protegidas y corredores biológicos para la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, lograr deforestación cero y restauración forestal a gran escala. Igualmente, es preciso asegurar la protección de los mares y de la diversidad biológica marina. Recordemos que México ha asumido ante Naciones Unidas el compromiso de proteger el 30% de su territorio terrestre y marino al 2030. Otro imperativo es lograr el manejo eficiente y el reciclaje y aprovechamiento energético de residuos en modelos de economía circular, así como asegurar el abastecimiento de agua a grandes ciudades, y el tratamiento al 100% y reuso de aguas residuales. Somos un país urbano, más del 75% de la población reside en ciudades. Ahí, es preciso desarrollar ciudades resilientes y compactas, verticales, eficientes, competitivas, con alta calidad de vida, espacios públicos y áreas verdes, vivienda accesible y sustentable en áreas centrales con reciclaje de predios abandonados o subutilizados, y con amplios sistemas de transporte público y movilidad no motorizada. Igualmente, es exigible una política industrial para la electrificación del parque vehicular y el desarrollo de una amplia red de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, así como la descarbonización de industrias estratégicas (siderúrgica, cementera, petroquímica) a través del hidrógeno verde.
Es indispensable compatibilizar el sector agropecuario y pesquero con la conservación de la biodiversidad terrestre y marina, y con el uso sostenible del agua, convirtiendo a ejidos y comunidades, y a comunidades pesqueras ribereñas, en tutores de los bienes públicos ambientales y del capital natural de la Nación. Debe aplicarse la biotecnología más avanzada para lograr la mayor eficiencia territorial y ecológica en la agricultura, y, en su caso, deben rescatarse técnicas tradicionales pertinentes de comunidades campesinas. El contexto histórico y económico lo configuran la economía de mercado y la creatividad empresarial como motores de la innovación, de la eficiencia en la asignación de recursos y de la minimización de costos. Deben inducirse en empresas estrategias ambientales o de sustentabilidad como instrumentos clave de competitividad, valor accionario, creación de valor, imagen corporativa, y viabilidad a largo plazo, que se traduzcan en menores riesgos legales, regulatorios, industriales y comerciales, menores costos de capital, y mayor eficiencia y productividad a partir de nuevas tecnologías y productos y servicios. Es preciso descarbonizar a Pemex y a CFE, y lograr que mercados, regulaciones, jueces y consejos de administración induzcan a las grandes empresas a adoptar objetivos ambiciosos de descarbonización, energías limpias, y economía circular.