Los bosques tropicales representan el más rico e importante patrimonio biológico del planeta. Han evolucionado ininterrumpidamente durante millones de años, y han logrado sobrevivir durante las épocas glaciales. Así, han desarrollado adaptaciones e interacciones asombrosas entre especies de flora y fauna, comunidades y poblaciones, y con distintos tipos de suelos y sus microrganismos, al igual que con el medio ambiente físico (precipitación, pendientes, altitud, vientos, radiación solar, temperaturas). Todo ello – que sigue siendo un tema debatido entre ecólogos – ha determinado que los bosques tropicales hayan generado la mayor diversidad biológica de la Tierra. Un ejemplo: en pocas hectáreas de bosques tropicales de montaña pueden existir más especies de árboles, mamíferos, reptiles e insectos que en el territorio de países completos del hemisferio norte. Adicionalmente, los bosques tropicales prodigan servicios ambientales, es decir, protegen cuencas hidrográficas y suelos, estabilizan el clima y los patrones de lluvia, y capturan carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis con lo que contribuyen a la lucha contra el calentamiento global. Más aún, su permanencia es un valladar a la transmisión de enfermedades zoonóticas – de animales silvestres a humanos – que pueden tener un potencial pandémico, como es el caso de COVID. También, los bosques tropicales encierran la mayor riqueza genética en sus organismos vivos, que significa oportunidades insospechadas para el desarrollo de medicamentos. Los mayores acervos de bosques tropicales se encuentran en la Amazonia, en la cuenca del Congo, y en Indonesia, además de áreas críticas en Indochina, la costa atlántica de Brasil, Centroamérica y México. Más del 60% de las selvas tropicales del mundo han sido destruidas o degradadas, y cada año se exterminan más de 10 millones de hectáreas (equivalentes a la superficie de Corea del Sur o Hungría), básicamente, para abrir tierras al cultivo y a la ganadería. En México, la pérdida es de entre 50 mil y 150 mil hectáreas cada año. (La superficie de la CDMX).
Conservar los bosques tropicales es algo complejo. Los derechos de propiedad sobre la tierra en países en vías de desarrollo no han estado adecuadamente definidos y protegidos. En México, los bosques tropicales han sido repartidos en procesos de reforma agraria a ejidos y comunidades; de hecho, por esa razón, nuestro país se quedó casi sin tierras públicas destinadas a la conservación. La inmensa mayoría de nuestros Parques Nacionales y Reservas de la Biósfera no son de propiedad pública, sino propiedad privada (ejidal y comunal). Se trata muchas veces de regiones remotas vulnerables a la invasión y a la deforestación que dan paso a una ganadería y agricultura devastadoras. La explotación forestal abre caminos de acceso que promueven las invasiones y colonización, mientras que las carreteras inducen la ocupación ilegal, explotación y destrucción del bosque tropical. De hecho, en México, el proceso de Reforma Agraria fue responsable de la destrucción masiva de los bosques tropicales en Chiapas, Campeche, Veracruz, las Huastecas, y Yucatán, que fueron liquidados por la agricultura itinerante de rosa-tumba-quema y la ganadearía extensiva. Actualmente, grupos organizados (como los Menonitas) deforestan selvas impunemente en Campeche y Quintana Roo, para llevar a cabo agricultura comercial de soya, caña de azúcar, palma africana de aceite y otros cultivos.
Hay varias formas de conservar los bosques tropicales en México. Una, es la creación y manejo adecuado de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en modalidad de Reservas de la Biósfera o Parques Nacionales. En gobiernos anteriores se crearon grandes ANP en bosques tropicales (Selva Lacandona, Calakmul, Sian Ka´an, Los Tuxtlas, La Sepultura, Huatulco, etcétera). Otra, es el Pago por Servicios Ambientales a ejidos y comunidades, para no deforestar y para conservar, lo que internaliza beneficios de la conservación. Esto puede incluir créditos de carbono a través del mercado internacional de carbono. La tercera es promover el aprovechamiento sustentable de los bosques tropicales (de maderas de alto valor) por parte de ejidos y comunidades, de tal forma que esto sea incentivo para su conservación. Un contexto indispensable es el estado de derecho y la aplicación de la ley; la deforestación sin permisos oficiales está tipificada como delito ambiental en el Código Penal. Todo ello ha sido prácticamente anulado en México en el gobierno del presidente López a través del desmantelamiento institucional y de políticas. Y peor todavía, un programa gubernamental perverso de subsidios clientelares – “Sembrando Vida” – causa la deforestación de más de 70 mil hectáreas cada año en el sur-sureste del país, además de los brutales impactos del Tren Maya, que ha provocado – con total impunidad – la destrucción de miles de hectáreas de selva en el estado de Quintana Roo.
Es obvio que, para un nuevo gobierno en 2024, la conservación y restauración de bosques tropicales en México deberá asumirse como emergencia nacional, a través de la reconstrucción institucional, operativa y funcional, y recuperación de presupuestos en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional Forestal, y PROFEPA, además del restablecimiento de la Gendarmería Ambiental.