Desde 2018, México ha sufrido un dramático proceso de desmantelamiento institucional y de políticas ambientales, así como de regresión energética y de ruptura de compromisos internacionales, al igual que la degradación de la participación de nuestro país en foros e instancias multilaterales. Los presupuestos fueron recortados de manera incapacitante, personal técnico y directivo con amplia experiencia fue despedido, e instituciones completas y fideicomisos fueron desaparecidos. Organismos autónomos del Estado han sido capturados, y se han bloqueado proyectos e inversiones en energías limpias. Los combustibles fósiles han sido privilegiados, lo que ha provocado mayores daños a la salud, y emisiones de gases de efecto invernadero, además de costos más altos en el sector energético, y pérdidas crecientes en empresas productivas del Estado. La inspección y vigilancia y aplicación de la Ley se ha evaporado. Se han distorsionado presupuestos, destinándose recursos masivos a subsidios clientelares, y a proyectos megalómanos de profundos impactos ambientales, y que han significado un enorme daño patrimonial a la Nación. Se ha instalado un cuadro de impunidad y violación de la Ley, y destrucción deliberada de ecosistemas por parte del gobierno, especialmente, en obras llevadas a cabo de manera ilegal y opaca, y envueltas en discrecionalidad, militarización y corrupción.
Este es el escenario que encontrará el próximo gobierno en 2024, en el cual tendrá que actuar con la finalidad de reconstruir, recuperar, rehabilitar, mejorar, y también, reorientar estructuras y funciones institucionales, decisiones y presupuestos. Son casi evidentes los principios de reconstrucción. Destacan, la integración intersectorial de políticas ambientales y climáticas con políticas energéticas, industriales, fiscales, urbanas, agropecuarias y pesqueras. La sustentabilidad, dentro de una economía de mercado, es la brújula, al igual que contribuir a la prosperidad y desarrollo económico del país, como potencia emergente en el siglo XXI. La vigencia plena de la legalidad y del estado de derecho son condiciones irrenunciables, así como un gobierno esbelto pero eficaz, capaz de ofrecer eficientemente una gama cada vez más amplia de bienes públicos exigidos por la sociedad y por el desarrollo sostenible de nuestro país. Por supuesto, las políticas ambientales y de cambio climático tienen que respetar y hacer cumplir umbrales y objetivos de sustentabilidad. Esto, en términos de reducciones de emisiones y transición energética, para llegar a una economía de cero emisiones netas en 2050; conservación de la biodiversidad y protección del territorio y ecosistemas terrestres y marinos de México, para alcanzar al menos el 30% del territorio continental y mares de jurisdicción nacional bajo Áreas Naturales Protegidas; calidad de vida, competitividad y huella ecológica de las ciudades; equilibrios hidrológicos, abastecimiento y servicios públicos de agua de calidad, drenaje, tratamiento y reuso de aguas residuales; y, manejo y aprovechamiento de residuos y economía circular.
Ello implica retomar la Reforma Energética de 2013, cumplir la Ley de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, y los compromisos de México ante el Acuerdo de París. Sobre todo, es fundamental lograr un sistema eléctrico de cero emisiones al 2045, diseñar y aplicar una vigorosa política industrial para la electrificación del parque vehicular, e imponer a PEMEX un plan serio de descarbonización y eliminación de emisiones de metano. Significa reconstruir a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de manera funcional y presupuestaria, así como a la Comisión Nacional Forestal, en especial, en cuanto al Pago por Servicios Ambientales, y al desarrollo forestal sustentable de ejidos y comunidades. Todo lo anterior debe financiarse con los recursos del perverso programa actual “Sembrando Vida”. Los mares mexicanos deben ser objeto de una política enérgica de conservación, con base en Áreas Protegidas Marinas, en una nueva subsecretaría de Mares y Costas en la SEMARNAT, y en la revitalización regulatoria de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura. Es preciso reactivar las políticas de vivienda sustentable en las ciudades, y promover programas de desarrollo urbano que tiendan a la verticalidad y a la densificación, a su eficiencia energética y territorial, y a la creación de nuevos espacios públicos y áreas verdes de calidad. Aquí, es indispensable crear mecanismos de financiamiento a fondo perdido al transporte colectivo, en el contexto de un impuesto a las emisiones de carbono. La CONAGUA debe rehabilitarse, y enfatizar, particularmente, políticas de sostenibilidad en el uso de aguas subterráneas, abastecimiento de agua a largo plazo a las grandes ciudades, tratamiento de aguas residuales, restauración de ríos y cuencas prioritarias, y regulación de organismos operadores de agua. La economía circular debe orientar el manejo, aprovechamiento energético y reciclaje de residuos, y responsabilizarse en ello a las empresas productoras de envases, empaques y embalajes, y de bienes de consumo. En cuanto a la inspección, vigilancia y cumplimiento de la Ley, debe restablecerse y desarrollarse la capacidad operativa de la PROFEPA, y recuperarse la Guardia Costera y la Gendarmería Ambiental, así como la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales. Finalmente, México debe retomar su liderazgo, presencia y prestigio en foros y acuerdos multilaterales ambientales y climáticos, y reconstituir con ello su política exterior.