La suerte de la Nación ha sido finalmente echada esta semana. Sin pudor alguno, en una grosera ostentación autocrática, el presidente López ha lanzado una andanada de iniciativas de reformas constitucionales, sin consulta ni negociación alguna, que apuntan a desmantelar la vida institucional del país, a concentrar el poder, a destruir los contrapesos, a troquelar nuestra Carta Magna con prejuicios y barbaridades, a desfondar las finanzas públicas, y a lanzar a México a una regresión de décadas. Sus motivaciones de fondo se desconocen, aunque puede suponerse que tienen que ver con simple vesania, rencor, ignorancia, graves limitaciones intelectuales, y/o con fanatismo narcisista, megalomanía reaccionaria, y grotescas ambiciones de trascendencia. Sicoanalistas deberán dilucidarlas. Concretar todo ello dependerá de quién tenga el control del Congreso a partir de septiembre. Sólo una oposición unida y mayoritaria podrá detener el desastre. Entre tanto, es un proyecto de perpetuación, impuesto a la candidata del presidente López, que, increíblemente, ad nauseam lo calca y respalda. Es un caso extremo de codependencia, sumisión y yugo voluntario. A cambio, el presidente López intervendrá en su favor en la elección de junio, atropellando la legalidad, y echando mano del soporte tácito – como es y ha sido evidente, por complicidad o incuria – del crimen organizado, y de unas Fuerzas Armadas capturadas, compradas y enervadas con empresas, negocios, fideicomisos y presupuestos colosales. Esta cascada de reformas también apunta a desviar la atención, y a manipular astutamente a la opinión pública en una campaña electoral desde la Presidencia que ni siquiera se intenta disimular. Todo, mientras el país se ahoga en el estrepitoso fracaso del gobierno en casi todos los ámbitos (seguridad, corrupción, salud, educación, energía, medio ambiente, política exterior). Pero que nadie hable de ello. Si bien la mayor parte de sus iniciativas de reforma constitucional no pasarán (ahora), ya que Morena y sus satélites no tienen la mayoría calificada, no hay que perderlas de vista. Esperan tenerla en septiembre.
La elección directa de ministros, magistrados y jueces acabaría con la independencia del poder judicial, politizaría la impartición de justicia, y la entregaría a las manos de los partidos políticos, acrecentando la impunidad. La eliminación de legisladores plurinominales borraría a la oposición, y permitiría que un partido minoritario tuviera la mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, pervirtiendo la representación democrática. La emasculación del INE y la restricción de presupuestos a los Partidos Políticos degradaría a las instituciones esenciales de una democracia representativa, y abriría la puerta a la acción del crimen organizado. La destrucción de los Órganos Autónomos implicaría la eliminación de contrapesos al Ejecutivo, y de decisiones fundamentadas técnicamente; magnificaría la opacidad y corrupción; haría nugatorio el derecho a la información; y acabaría con la libre competencia; el espacio radioeléctrico y las telecomunicaciones serían objeto de discrecionalidad, manipulación política y corrupción; se consolidarían los monopolios de PEMEX y CFE en detrimento del consumidor, de la competencia económica y de la transición energética; entre otras consecuencias desastrosas. Privilegiar a la CFE implica liquidar la inversión privada, la competencia y el desarrollo de energías limpias, y repercutiría en mayores costos y tarifas para los consumidores. La reforma al sistema de pensiones haría que estas se otorgaran al 100% del último salario, reduciría la edad de jubilación, y sería dinamita para la sostenibilidad fiscal del país. El pasivo se incrementaría exponencialmente por el crecimiento de la población mayor de 65 años. En la actualidad, las pensiones contributivas y no contributivas representan ya el 22% del gasto total del Sector Público Federal. No hay ningún mecanismo para financiar todo esto de manera viable. Sería la implosión de las finanzas públicas. El incremento al salario mínimo vinculado a la inflación sin correlación con un aumento en la productividad, aceleraría una espiral inflacionaria, impondría una férrea camisa de fuerza a la economía, incrementaría los costos para las empresas y promovería la informalidad. Militarizar la seguridad pública significaría darle más poder el Ejército, formalizar el fracaso de la Guardia Nacional, e impedir que México cuente con una policía civil nacional o federal de clase mundial capaz de enfrentar con éxito al crimen organizado. El programa “Jóvenes Construyendo Futuro” es un aquelarre de derroche y corrupción, y no contribuye a la inserción laboral de los jóvenes. Sería otro gran pasivo improductivo para las finanzas públicas y un incentivo a dejar el mercado laboral real. La prohibición de concesiones de agua, de la minería a cielo abierto, y de transgénicos sumiría a México en conflictos comerciales y en el oscurantismo y rezago económico, científico y biotecnológico. La prisión preventiva oficiosa implicará acabar con la presunción de inocencia y utilizar la ley para reprimir y encarcelar a opositores. “Sembrando Vida” y Precios de Garantía para la agricultura conllevarían otro monumental gasto improductivo, así como una mayor deforestación del territorio nacional. Y hay más, en una sarta increíble de tonterías. Todo esto es el golpe constitucional que será la verdadera plataforma electoral de Morena y sus satélites, ya asumida (de manera suicida) por su candidata a la presidencia.