Los liberales siempre hemos sido reacios a admitir que el gobierno crezca a costa de las libertades individuales y de las libertades económicas, con más impuestos y más gasto. Pero, nos enfrentamos hoy en día a que el gasto del gobierno no hace más que aumentar relativamente al PIB en casi todos los países desarrollados que forman parte de la OCDE, desde hace largo tiempo. En efecto, al parecer, las ideas de Hayek, Von Mises, Friedman, Lucas y muchos más, están en desuso. De hecho, el gasto creciente del gobierno es rasgo prominente de las economías modernas, desde la revolución industrial, durante el siglo XX y lo que va del XXI, y desde luego, después de la crisis del 2008, y en el contexto de la pandemia de COVID. (Como lo documentó ampliamente The Economist la semana pasada). Pero aparte de guerras, crisis y epidemias, la expansión del gobierno se relaciona con una gama cada vez más amplia de responsabilidades y actividades. Es importante identificar las causas de esta expansión inexorable de los gobiernos, que se asocia a la emergencia y reconocimiento de nuevos bienes públicos, los cuales son su razón existencial. También, hay que ponderar qué hacer al respecto.
Primero. El número de regulaciones y normas que diseñan y aplican los gobiernos se ha multiplicado en las últimas décadas, por ejemplo, en temas ambientales, urbanos, de salud pública, riesgos, laborales, seguridad, de participación social o de consulta pública. Segundo. Se expanden las demandas y las expectativas por una mayor red de protección social y redistribución en favor de grupos sociales de menores ingresos, lo que presupone mayores burocracias y gasto en diferentes tipos de apoyo y subsidio directo o condicionado en materia de pobreza, desempleo, educación, salud, vivienda, y alimentación, entre otros. Tercero. Gobernantes y burócratas tienen intereses propios para mantener o expandir su poder, ingresos e influencia política, poseen sus propias funciones de utilidad, que maximizan a partir de asumir nuevas tareas y objetivos o de reproducir programas o proyectos que les legitimen y ofrezcan popularidad y respaldo político. La teoría de la Elección Pública (Public Choice) fundada por James Buchanan brinda un metódico marco analítico al respecto. Cuarto. Desde el siglo XIX han aumentado las exigencias por seguridad social (salud) y educación pública – ya que se trata de bienes superiores, cuya demanda aumenta con el ingreso – en lo cual, además, juega un papel muy importante una participación cada vez mayor de las mujeres en el mercado laboral. Por su naturaleza, que depende de una alta incidencia de trabajo humano (doctores, enfermeras, y maestros difícilmente pueden ser sustituidos por máquinas), la productividad en estos sectores crece muy poco, mientras los salarios se elevan en concierto con los del resto de la economía. Esto, más tecnologías médicas cada vez más avanzadas y complejas, hace que su costo aumente de manera casi exponencial, lo que exige mayores recursos aportados por los gobiernos. Quinto. Las pirámides demográficas se invierten, y la proporción de personas mayores y de la tercera edad se incrementa, quienes requieren cuidados de salud más intensivos y costosos. Crece la esperanza de vida, y el número de jubilados en relación al número de trabajadores; las pensiones aumentan sin cesar. Sexto. Bienes públicos relacionados con protección ambiental y el clima del planeta se reconocen y se asumen generalizadamente, y con ello, imperativos de inversión a gran escala por parte de los gobiernos en conservación de la biodiversidad, infraestructura hidráulica, manejo de residuos, adaptación al cambio climático, desarrollo de energías limpias, y de nuevas tecnologías de movilidad, por ejemplo, electrificación.
Todo parece indicar que sería imposible contener o revertir el crecimiento del gobierno; más bien se requerirá esclarecer su naturaleza y eficiencia, ante recursos fiscales siempre escasos, y, por tanto, con costos de oportunidad muy considerables en cada rubro de gasto. Es preciso, en ese contexto, explorar y desarrollar alianzas público-privadas para la generación de bienes públicos, lo que aliviará la carga sobre el erario y podrá mejorar eficiencias de manera notable. Una máxima transparencia será absolutamente exigible, así como la evaluación y monitoreo rigurosos de todos los conceptos de gasto, y por supuesto, combatir a fondo el gasto clientelar originado en motivaciones político-electorales (como el que prodiga el presidente López). Y lo más difícil y controvertido: Tal vez, diseñar una reforma fiscal que aumente de manera considerable la carga tributaria sobre las grandes fortunas, ingresos, patrimonios y herencias. (A la Thomas Piketty).