Como es habitual, el gobierno miente con respecto al sector eléctrico. Es falso que se haya perdido la rectoría del Estado, y que se haya debilitado y extenuado a la CFE con la Reforma Energética del 2013-2014. Es con la presente administración que la CFE ha recibido golpes letales que cuestionan su viabilidad financiera y operativa. La Reforma Energética de 2013-2014 acabó con el monopolio de la CFE en los negocios de generación y suministro eléctrico, y lo mantuvo en transmisión y distribución.
El Estado conservó el control de la red de transmisión y distribución y del despacho eléctrico, así como del mercado eléctrico, a través del Cenace, y de la regulación del sistema, por medio de la CRE. También se consiguió que la CFE dejara atrás las pérdidas y que obtuviera ganancias por primera vez entre 2016 y hasta 2019, gracias a menores costos de la energía, nuevo régimen fiscal, a su entrada en nuevos mercados, y a un nuevo régimen de pensiones.
Como lo ha señalado El Economista, de 2016 al 2019 la CFE ganó 251,000 millones de pesos netos, mientras que entre 2012 y 2015 registró pérdidas totales de 187,000 millones de pesos, de acuerdo a los estados financieros de la empresa reportados al público. Los resultados netos negativos regresaron en 2020 con el actual gobierno, y se repetirán en 2021.
De hecho, en 2020, CFE observó una pérdida neta después de impuestos de 85,996 millones de pesos. Vale la pena repasar las razones del éxito financiero de la CFE entre 2015 y 2019. Primero; la competencia en generación sacó del mercado a la generación eléctrica obsoleta, costosa y contaminante (a base de combustóleo, diésel, gas natural) de la propia CFE, lo cual, si bien redujo ingresos de las subsidiarias CFE Generación, mejoró sensiblemente los resultados globales de la empresa.
Las empresas privadas de generación, la competencia y las energías limpias permitieron reducir notablemente el costo de todo el sistema eléctrico, lo que implicó un beneficio para el negocio de comercialización de la CFE, ya que se abatieron los precios a los cuales adquiere energía para su venta a sus filiales de suministro básico y calificado.
Es bien conocido y documentado que tanto el costo variable promedio como el costo total promedio (costos variables y fijos) de la electricidad producida en las centrales de la CFE es muy superior a los Productores Independientes de Energía y más aún, a las centrales privadas de subasta de energía limpia –hasta en un 90 por ciento. (Por cierto, las subastas fueron canceladas por este gobierno).
Segundo; con la Reforma Energética del 2013-2014 se hicieron explícitos los subsidios a usuarios domésticos de bajo consumo o consumo básico, por lo que del 2016 al 2020, la empresa recibió del gobierno en promedio 64,000 millones de pesos anuales para cubrirlos, lo que además de abonar a la transparencia, fortaleció los ingresos de la empresa. Tercero; con la Reforma Energética del 2013-2014 se obtuvo para CFE un nuevo régimen fiscal como consecuencia del cambio en su naturaleza jurídica, al convertirse en una Empresa Productiva del Estado.
Con ello, dejó de pagar aprovechamientos al gobierno federal (58,000 millones de pesos en 2014), y pasó a ser un causante bajo las mismas condiciones que las empresas privadas. Cuarto; la CFE diversificó y fortaleció sus fuentes de ingreso, al entrar el mercado de comercialización de combustibles (gas natural) a través de su red de ductos.
Entre el 2016 y el 2020, este negocio generó ingresos para CFE de 126,000 millones de pesos. Quinto; se logró en 2016 un nuevo régimen de pensiones que aumentó la edad de jubilación para los hombres de 30 a 40 años de servicios, lo que redujo considerablemente el costo de las obligaciones laborales de la empresa. El actual gobierno, de manera corrupta, clientelar e irresponsable, ha vuelto al anterior régimen de jubilación.
Con la contrarreforma energética, la CFE, se convertiría nuevamente en monopolio y monopsonio, no podría sustituir a la inversión privada en la generación de energía que se requeriría para satisfacer una demanda eléctrica creciente en la próxima década (se estiman 1.4 billones de pesos), ni para avanzar en la transición hacia las energías limpias y la des-carbonización del sector eléctrico (se estiman 840,000 millones de pesos). Tampoco la CFE tiene capacidad de ejecución para ello.
No podría siquiera llegar al 54% de la generación como caprichosamente lo quiere la Contrareforma. Conllevaría una crisis en el suministro de energía, menor competitividad y crecimiento, y un boquete gigantesco en las finanzas públicas, con las consecuencias macroeconómicas conocidas (déficit, deuda pública); y los mayores costos de generación repercutirían en tarifas más altas o en subsidios astronómicos.