Ya sabemos las consecuencias potencialmente catastróficas del calentamiento global, y lo que debe hacerse para confrontarlo. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, cuerpo científico asesor de la ONU en el tema), publicó esta semana una entrega crucial de su Sexto Reporte, donde se sistematizan las tendencias en emisiones y temperaturas, y se apremia a los gobiernos, empresas y ciudadanía a adoptar las políticas, medidas y cambios en patrones de consumo indispensables para, literalmente, salvar al planeta del apocalipsis. Escenarios tendenciales apuntan a un aumento en la temperatura del planeta hacia finales del siglo de alrededor de 3.5°C, algo dramático. Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) han continuado un paso creciente en la última década, aunque a una tasa menor a la observada en el decenio previo, lo cual ofrece una gota de esperanza. De hecho, 18 países desarrollados han reducido sus emisiones en los últimos 10 años. Desde luego, las emisiones varían ampliamente por regiones y países, así como en niveles de PIB per cápita y de ingreso. Pero, el 10% de las personas con los más altos ingresos en el mundo tienen una responsabilidad relativa desproporcionadamente alta en las emisiones totales. En efecto, más que de responsabilidades por país, es preciso hablar de grupos de ingreso a escala global, es algo más funcional y equitativo, dado que sus patrones de conducta y consumo son más o menos equivalentes. Otra nota de cierto optimismo es que los costos unitarios de tecnologías de bajas o nulas emisiones se han abatido desde el 2010, y que se ha registrado una expansión significativa de políticas y legislación tendiente a la mitigación de GEI, así como en la inversión en infraestructura y en tecnologías de bajas emisiones.
El IPCC deja claro que para salvar al planeta (impidiendo que la temperatura aumente más de 1.5°C, lo cual es ya muy improbable) es vital reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y dejar de invertir en ellos, y lograr que las emisiones inicien una trayectoria descendente a mediados de la presente década. Esto implica acelerar a fondo la transición energética hacia energías limpias (eólica, solar, nuclear, geotérmica), desarrollar alternativas con hidrógeno, y el almacenamiento de energía a gran escala con baterías. Obviamente, el IPCC hace hincapié en el imperativo de electrificar lo más pronto posible la totalidad del parque vehicular. La reducción de emisiones en industrias estratégicas es igualmente esencial, en particular en el cemento, siderurgia y petroquímica a través del cambio tecnológico y nuevos procesos productivos, y de la gestión y regulación de cadenas de valor. De la misma forma, es preciso actuar en el sector de edificación, para logar edificios inteligentes y energéticamente eficientes, incluyendo un nuevo auge para las edificaciones de madera. Por su lado, ciudades compactas y densas, con diversidad de usos del suelo, contribuirán a una menor huella ecológica y demanda de viajes motorizados, y promoverán el transporte público, uso de bicicletas y micro-movilidad, así como la movilidad peatonal. Esto tendrá consecuencias benéficas sobre la calidad del aire urbano.
Algo fundamental será detener y revertir la deforestación, sobre todo en zonas tropicales, antes del 2030. Esto requiere políticas de alta complejidad social, política, técnica y económica, pero, en paralelo, contribuirá de manera decisiva a la conservación de la biodiversidad. Serán necesarios también grandes proyectos de restauración ecológica y forestal con la finalidad de captar el CO2 de la atmósfera, a una escala de cientos (sí, cientos) de millones de hectáreas hacia el 2050, además, con la finalidad de compensar las emisiones de sectores donde la reducción de GEI es inaceptablemente costosa o tecnológicamente poco practicable (cemento, aviación, siderurgia). Recordemos que el objetivo es llegar al 2050 con cero emisiones netas de GEI.
Todo lo anterior exige novedosos y diversos instrumentos de política: energética, fiscal, financiera, tecnológica, industrial, urbana, ambiental, forestal, agropecuaria. Sólo el Estado es capaz de emprender las acciones colectivas exigibles a escala y tiempo suficientes, desde luego, en concurrencia con el sector privado y la ciudadanía. Claro, en el contexto de acuerdos internacionales cada vez más ambiciosos y vinculantes. Pero, la ciudadanía, al final, tiene las llaves de la política climática, la cual conlleva decisiones políticamente espinosas, que demandan al menos la aquiescencia – si no el apoyo expreso – de la población (como es el caso de los impuestos a los combustibles fósiles, y de las políticas de densificación urbana). Y no sólo eso; la ciudadanía también debe modificar patrones de demanda, conducta y de consumo, al menos privilegiando el uso vehículos ligeros, pequeños y eficientes (de preferencia eléctricos); vivienda en áreas conectadas y con servicios al interior de las ciudades; utilización del transporte público y viajes en bicicleta o peatonales; y, disminución considerable en el consumo de carne.