El binomio de López (el presidente) + Buylla (directora del CONACYT) la ha emprendido contra la ciencia mexicana, tal como lo comentamos en la entrega anterior. Ahora trata de formalizar su barbarie con una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Todo, en el contexto de la situación crítica que padece la ciencia mexicana. Los datos son reveladores y deprimentes. Nuestro país invierte ocho veces menos en investigación y desarrollo (I+D) que la media de los países de la OCDE, mientras que aquí se registran 20 veces menos solicitudes de patentes en las oficinas de propiedad intelectual. En realidad, entre 2015 y 2020 el número de solicitudes de patentes se derrumbó en México de 18,071 a 14,312, aparte de que más del 98% de tales solicitudes de patentes fueron hechas por empresas extranjeras. El número de investigadores es nueve veces menor al promedio de la OCDE, y los investigadores mexicanos publican en revistas científicas especializadas la quinta parte del promedio de artículos que publican los científicos de países de la OCDE. Peor; entre 2015 y 2022 el gasto en ciencia y tecnología en México ha disminuido del 0.34 al 0.20 del PIB, y el presupuesto en términos reales se ha abatido casi en 40%. En la nueva iniciativa de Ley (que no tiene el andamiaje de Ley General, pero pretende ser) el binomio López + Buylla intenta consagrar jurídicamente sus despropósitos, que hasta el momento han sido instrumentados por medio de actos administrativos, acuerdos y modificaciones reglamentarias, muchos de los cuales son no sólo ilegales sino inconstitucionales. Se trata de una iniciativa de burocratización y centralización, y concentración de poder. La iniciativa (que seguro será aprobada por Morena y sus partidos satélites) implica que la propia Buylla nombrará a los integrantes de la Junta de Gobierno del CONACYT y a los integrantes de los grupos de trabajo del Órgano Interno Consultivo. Se trata de que asuma todo el poder, igual que Bartlett en el sector eléctrico. El binomio López + Buylla acaba con la evaluación entre pares para los científicos, y la sustituye con comisiones dictaminadoras burocráticas – sometidas a Buylla – ajenas a los Centros Públicos de Investigación (CPI). La iniciativa legislativa de marras excluye de la agenda nacional a los organismos internacionales y al sector privado. Ignora los mecanismos de creación de patentes y de transferencia de tecnología, y el papel crucial que en ello juegan las empresas privadas. Excluye a los científicos disidentes de los órganos de consulta del CONACYT (es decir a quienes “tengan procesos judiciales en curso”, que son los científicos actualmente perseguidos). Cancela canales de participación de científicos e investigadores en la definición de la Agenda Nacional. De hecho, la iniciativa pretende abolir la representación formal y participación activa de la comunidad científica en decisiones de política, al desparecer el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Expulsa a investigadores de universidades privadas del Programa Nacional de Innovación, y del Sistema Nacional de Investigadores (algo inconstitucional), y finiquita la concurrencia científica y tecnológica con la iniciativa privada que operaba a través de Programas de Estímulos a la Investigación. Romper la concurrencia científica con universidades y empresas privadas, algo vital para el desarrollo de ciencia aplicada y de tecnología de vanguardia, es sólo el producto del fanatismo ideológico y del resentimiento social. Tendrá graves consecuencias.
La iniciativa atenta contra la libertad de cátedra y de investigación, y destruye la autonomía de los Centros Públicos de Investigación, poniéndolos bajo la férula directa de Buylla. Elimina criterios de excelencia científica y tecnológica en la política de ciencia y tecnología, y somete a científicos e investigadores a los caprichos ideológicos de la directora Buylla. La iniciativa se plantea con un lenguaje ideologizado, cursi y partidista (por ejemplo: “visión transformadora de gran alcance”, y “jardines etno-biológicos” en vez de museos de ciencias – los cuales desaparecen en los hechos como centros de divulgación). Anula principios de cooperación y convergencia internacional, para promover una supuesta independencia y autarquía científica y tecnológica (algo palmariamente estúpido en el mundo moderno). Obliga a que las exenciones fiscales vayan sólo a proyectos avalados por la Agenda Nacional. Y algo devastador para los CPI; no sólo confisca proyectos y recursos propios de los Centros Públicos de Investigación, sino que desaparece definitivamente fideicomisos de ciencia y tecnología que permitían el financiamiento transparente y multianual a los CPI.
Toda esta barbarie será impuesta en el Congreso por la mayoría de Morena y sus partidos satélites. México se convierte en émulo de Stalin y de su “científico” de cabecera Trofim Lysenko (encarnado en nuestro país por Buylla).