¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! fue la sentencia pronunciada por Millán Astray, general fascista, ante Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca en los inicios de la guerra civil española. Parece ser también el lema del gobierno del presidente López, empeñado frenéticamente en destruir instituciones, en desacreditar a la ciencia, y en embestir a las universidades y Centros Públicos de Investigación, así como a científicos, becarios, académicos y periodistas. Es larga ya la estela de escombros que ha dejado, abultada en estos días con la liquidación de del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Ambos han sido instituciones especializadas operadas por personal profesional de carrera, con el objetivo de ofrecer fundamentos técnicos y científicos al quehacer gubernamental, permitiendo un Estado moderno y racional (a la Max Weber). Ahora son desmanteladas por quien desprecia la razón, y detesta todo viso de contrapeso, imparcialidad y objetividad técnica en el ejercicio del poder público.
El INECC ha sido el brazo técnico de las políticas ambientales y climáticas de México en los últimos lustros, y está previsto en la Ley de Cambio Climático. Fue responsable de la elaboración de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, de llevar a cabo el análisis de los compromisos de México en materia de cambio climático, en especial de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) al Acuerdo de París. También, de desarrollar atlas de vulnerabilidades al calentamiento global en el territorio nacional, y de evaluar las políticas de reducción de emisiones. Igualmente, ha construido sistemas de información de calidad del aire, sustancias químicas y residuos peligrosos, y ha contado con laboratorios de investigación de referencia. Por su lado, el IMTA, ha estado a cargo de desarrollar y adaptar tecnologías para el manejo del agua, índices de seguridad hídrica, instrumentos técnicos de gestión de cuencas y aguas transfronterizas, y sistemas de evaluación de tarifas de agua potable. Ha contado con laboratorios especializados de referencia, importante software analítico, y centros de documentación, además de participar con bases técnicas y científicas en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas. La destrucción de estas dos instituciones significa una verdadera atrocidad, que tendrá consecuencias más allá de nuestras fronteras. En particular, la desaparición del INECC enviará una señal dramática a la comunidad internacional, a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y al Acuerdo de París, sobre el repudio del gobierno mexicano a los bienes públicos globales y a la responsabilidad multilateral. Se trata de un retroceso violatorio de la Constitución (Artículos 4 y 133).
Es larga ya la lista de instituciones destruidas por este gobierno caligulesco, como devastadores han sido los recortes presupuestales incapacitantes a entidades clave de la administración pública. La motivación es obvia, y admitida sin pudor por el presidente López. El objetivo es liberar recursos para ser transferidos a subsidios y dádivas clientelares masivas a millones de personas, y para financiar las obras faraónicas absurdas que son su obsesión. Se trata desparpajadamente de comprar votos y voluntades, a costa de la destrucción del Estado. Todo ello forma parte de un entramado claro que le permitiría al presidente López intentar permanecer en el poder más allá del 2024, por sí mismo, o a través de alguna simulación en forma de un Maximato, previo desconocimiento de la autoridad electoral y de los resultados electorales. Ahí están los negocios y contratos prodigados a las fuerzas armadas, para ser ejercidos con total opacidad y sin rendición de cuentas; el uso discrecional de presupuestos sin transparencia, ni consultas, ni evaluación de impacto ambiental decretado en el reciente Acuerdo que declara como de “seguridad nacional” todos los proyectos y obras del gobierno; el gasto, como nunca, sin licitaciones y por asignación directa; la extinción del Sistema Nacional Anti-Corrupción; la insistencia delirante en la revocación de mandato como instrumento de propaganda narcisista; y el desprestigio, deslegitimación, y acoso al Instituto Nacional Electoral. Las cosas, en política, son lo que parecen, y el conjunto panorámico que observamos ahora no deja duda de las intenciones del presidente López. Para cumplirlas, tiene que tratar de matar a la inteligencia, traicionar a sus antes acólitos (como lo ha hecho en el CIDE), demoler órganos autónomos y otras instituciones del Estado, desfondar a la administración pública, y mantener una feroz campaña permanente de propaganda, mentiras, persecución y descalificación de opositores. Nada bueno esperemos para 2022.