Tren Maya, el gran desfalco

Las inversiones públicas tienen considerables costos de oportunidad; es decir, ante recursos limitados y escasos, hay un buen número de otras alternativas comparables de gasto con altos niveles de prioridad. Por ello, los proyectos de inversión pública deben ser consecuencia de cuidadosas evaluaciones previas costo/beneficio, costos de oportunidad, y estudios de inversión, de mercado y de factibilidad, y proyectos ejecutivos, así como de cuidadosas corridas financieras que demuestren tasas adecuadas de rentabilidad económica y social, al igual que los plazos de amortización o de recuperación de la inversión. También, obviamente, de estudios de Impacto Ambiental y social, al igual que un sistema de transparencia en materia de compras y licitaciones de obra, y de rendición de cuentas y auditoría a lo largo del desarrollo del proyecto, aparte de un mecanismo público de supervisión y verificación ambiental. Todo esto, es requisito esencial de racionalidad pública y eficiencia, de prevención de corrupción, y de sostenibilidad. Y todo esto ha estado ausente en el Tren Maya, proyecto emanado sólo del capricho iluminado, la soberbia, la ignorancia y el narcisismo.

2024, herencia tóxica

El presidente López dejará un país polarizado y enfrentado. Devorado por la peor violencia criminal de la historia, con el territorio entregado a la delincuencia, ante una Guardia Nacional militarizada y estrepitosamente fracasada. Con el sistema de salud cruelmente vandalizado y destruido. Con un retroceso histórico en educación. Con mayor pobreza extrema. Devastado su prestigio internacional. Con instituciones de la administración pública desmanteladas, con un Poder Judicial bajo amague, y con las entidades autónomas amenazadas o paralizadas. Con recortes presupuestales incapacitantes para buena parte de la administración pública. Con una población ahora adicta a las dádivas y subsidios del gobierno. Con un gigantesco desfalco al erario por proyectos megalómanos absurdos que nunca serán rentables. Un Pemex quebrado y que representa un gigantesco agujero negro para las finanzas públicas. Sin un hub aeroportuario de clase mundial. Con una deuda que crece exponencialmente junto con su servicio, y una fiscalidad exhausta por pensiones insostenibles y subvenciones masivas.

Para evitar la catástrofe climática…

Como todo el mundo sabe, minimizar la probabilidad de consecuencias catastróficas en el clima del planeta conlleva limitar el calentamiento global a menos de 1.5°C – 2°C. Esto exige abatir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 40% al 2030, para llegar a cero emisiones netas en 2050 (Cero Neto). Claramente, lo primero es ya imposible, y lo segundo se ve lejos de nuestro alcance, aunque que reconozcamos que hay señales positivas. Más de 8 mil empresas, y países desarrollados y emergentes que representan 90% del PIB global han establecido compromisos de Cero Neto (desde luego, México, no). Hoy, las energías solar y eólica representan más del 10% de la generación total de electricidad en el mundo, y el 75% de las nuevas inversiones en capacidad de generación eléctrica. Los vehículos eléctricos acumulan ya el 15% de las ventas totales de automotores, mientas que su autonomía se ha incrementado más de tres veces en sólo una década. La inversión global anual en tecnologías de transición climática se ha duplicado desde 2015, hasta llegar a más de un billón de dólares en la actualidad. Sin embargo, no es suficiente.

Hacia una política ambiental y climática para el próximo Gobierno

Entre 2018 y 2024 México ha sufrido un dramático proceso de desmantelamiento institucional y de políticas ambientales, así como de regresión energética y de ruptura de compromisos internacionales, al igual que la degradación de la participación de nuestro país en foros e instancias multilaterales. Los presupuestos ambientales fueron recortados de manera incapacitante, personal técnico y directivo con amplia experiencia fue despedido, e instituciones completas ý fideicomisos fueron desaparecidos. Se ha instalado durante estos años un escenario de impunidad y violación de la Ley, así como de destrucción de ecosistemas por acciones directas y proyectos del gobierno llevados a cabo de manera ilegal y opaca, y envueltos en militarización, discrecionalidad y corrupción. Es por ello vital plantear una verdadera cruzada de reconstrucción institucional y de políticas ambientales, de sustentabilidad y de cambio climático a partir del 2024, de recuperación del prestigio internacional de México, de cumplimiento de compromisos internacionales, de integración intersectorial y de desarrollo económico sostenible