Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son el instrumento más trascendente de política ambiental. Representan lo más valioso del capital natural de la Nación. (Parques Nacionales y las Reservas de la Biósfera, aunque existen otras categorías). En México, se han decretado 226 ANP. A diferencia de otros países donde gran parte de las ANP son propiedad pública, en nuestro país, las ANP son en una abrumadora proporción, propiedad privada: ejidal, comunal o individual. Esto, como resultado de la Reforma Agraria del siglo XX que entregó más de la mitad del territorio nacional a 30 mil ejidos y comunidades. El Estado se quedó sin tierra, y perdió en los hechos la soberanía sobre el uso del territorio, lo que iría a complicar tremendamente las políticas de planeación, ordenamiento y regulación territorial, y de creación de bienes públicos en materia de biodiversidad, recursos naturales, y valores escénicos y paisajísticos. Los derechos de propiedad privada (ejidal y comunal, e individual) que incluyen la explotación de la tierra y sus recursos, quedaron enfrentados con el interés público de conservación, lo cual se hizo manifiesto desde el cardenismo, cuando Miguel Ángel de Quevedo promovía el decreto de Parques Nacionales, mientras el presidente Cárdenas los repartía. Todo se hizo más difícil y confuso cuando en 1983 se modificó el Artículo 115 Constitucional para otorgar todas las facultades de regulación territorial a los municipios, en detrimento de la federación y de entidades federativas. Este es el complejo contexto en el que se crean y manejan ANP en nuestro país.
