Categoría: Mi Columna en «El economista»

«Sembrando Vida» o el déspota ignorante

Las acciones de un déspota pueden ser atroces. Peor, cuando se trata de un déspota ignorante, y cuando se conjugan con soberbia, megalomanía y estulticia, y se motivan por una compulsión avasalladora de concentración de poder. El déspota ignorante despliega por todas partes sus obsesiones destructivas, y piensa que todo lo que él hace merece estar inscrito con letras de oro en el panteón nacional, y, desde luego, consagrado en la Constitución. Así ocurre con el programa de subsidios “Sembrando Vida”.

Conservación marina y pesca industrial

El establecimiento de Áreas Marinas Protegidas con prohibición de pesca es un instrumento estratégico para la conservación de la biodiversidad marina, y… para la sostenibilidad y productividad de la propia industria pesquera. Recordemos que, en este sentido, el 25 de noviembre de 2107 fue un parteaguas en la historia de la conservación marina, y también, en la historia de la industria pesquera mexicana. A partir de un trabajo inédito entre organizaciones civiles (con la participación del autor de esta columna) y el gobierno federal se lograron los estudios y la concertación necesaria para crear en nuestro país una gran Área Marina Protegida (AMP) en torno al archipiélago de Revillagigedo en el Océano Pacífico – obviamente – en aguas de jurisdicción nacional. Se trató de la mayor AMP con prohibición de pesca en toda América del Norte, con una extensión de casi 15 millones de hectáreas (100 veces la superficie de la Ciudad de México), que la hace la treceava más grande del mundo, y que representa el 4.2% de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país. El objetivo fue, por un lado, la conservación de ecosistemas y especies de un enorme valor ecológico y simbólico, como ballenas, delfines, tortugas, tiburones, mantas (móbulas), y una miríada de peces, crustáceos, aves y moluscos.

México es más pobre hoy que en 2018

Reducir la pobreza significa aumentar la producción o disponibilidad de bienes y servicios para la población de menores ingresos. Esto se puede medir con base en encuestas directamente en los hogares (Encuestas Ingreso-Gasto), o aproximarse por medio de la estimación total del consumo y del gasto del gobierno imputable a cada grupo de ingreso. (Hay una correlación alta entre el PIB per cápita y el ingreso real de los grupos de menores ingresos). Elevar el ingreso de los más pobres puede hacerse sosteniblemente a través de aumentar la productividad por persona, es decir, del valor de los bienes y servicios producidos por cada trabajador, digamos, por hora, por día, o por año. Esto requiere capital humano, educación de calidad y capacitación, inversión privada y pública en bienes de capital, infraestructura, empleos formales, y otras condiciones institucionales. O, como lo hace el presidente López, de manera transitoria a través de decretar aumentos de salarios, y/o de redistribuciones del gasto público en forma de subsidios o ayudas, financiados con el desmantelamiento o desaparición de servicios públicos e inversión pública.

¿Qué Hacer con los “Programas Sociales”?

Los “Programas Sociales” del régimen actual deben ser transformados, formalizados, condicionados, acotados, viabilizados o cancelados. Uno de los rasgos más prominentes de un gobierno populista autocrático de izquierda es prodigar subsidios y dádivas directas a la mayor cantidad posible de personas, con la finalidad de asegurar voluntades y votos para apuntalar o perpetuar en el poder al régimen o líder carismático. En México se trata de “programas sociales”, que son subsidios no focalizados, desplegados de manera masiva y universal con una evidente lógica electoral. Algunos “programas sociales” o subsidios vienen de políticas pertinentes (pensiones) de gobiernos anteriores, pero que han sido extendidos, y puestos bajo tutela personal del presidente; otros, son astutas ocurrencias de control político; algunos más son emulación grotesca de lo que ocurre en países desarrollados; otros, son franca demagogia presupuestal. Todos carecen de reglas de operación adecuadas, son opacos, no están focalizados en los más pobres, están envueltos en corrupción, son discrecionales, y pueden tener consecuencias socio-económicas o ambientales verdaderamente perversas.

Vender o liquidar Pemex

Pemex es una pesadilla para México. Representa un resumidero inútil de recursos del erario. Despilfarra y devora la renta petrolera de la Nación. Es un enorme factor de riesgo para las finanzas públicas. Acumula una gigantesca deuda que recae sobre todos los contribuyentes. Su calificación crediticia va a la baja. Genera un colosal pasivo laboral. Es nido de corrupción e ineficiencia. Es un improductivo fetiche de un trasnochado culto nacionalista. Desperdicia hidrocarburos valiosos (gas natural) quemándolos o venteándolos en la atmósfera contribuyendo ostensiblemente al calentamiento global. Hace sufrir al país por crecientes accidentes, derrames y riesgos industriales. Es responsable de la emisión de más del 12% de los gases de efecto invernadero de México. Genera volúmenes gigantescos de contaminantes (SOx, PM2.5) que atentan contra la salud. Bloquea políticas públicas de transición energética. Contamina ríos y mares. Es incapaz de competir con petroleras multinacionales y carece de tecnología para acceder a yacimientos en el mar profundo. Su producción de crudo decae. También la producción de gasolinas y diésel. Cada vez genera más combustóleo en refinación, lo que implica pérdidas y contaminación cada vez mayores.

Medio ambiente, reconstrucción 2024

Desde 2018, México ha sufrido un dramático proceso de desmantelamiento institucional y de políticas ambientales, así como de regresión energética y de ruptura de compromisos internacionales, al igual que la degradación de la participación de nuestro país en foros e instancias multilaterales. Los presupuestos fueron recortados de manera incapacitante, personal técnico y directivo con amplia experiencia fue despedido, e instituciones completas y fideicomisos fueron desaparecidos. Organismos autónomos del Estado han sido capturados, y se han bloqueado proyectos e inversiones en energías limpias. Los combustibles fósiles han sido privilegiados, lo que ha provocado mayores daños a la salud, y emisiones de gases de efecto invernadero, además de costos más altos en el sector energético, y pérdidas crecientes en empresas productivas del Estado.

Infierno plástico

Los plásticos se crean, se consumen, y se usan en cadenas de valor, o circuitos económicos que permanecen abiertos, por lo que son arrojados al medio ambiente. Esto, por falta de instituciones, mercados, precios, normas formales e informales, y/o regulaciones que los cierren. Significa una atroz falla de mercado. Las empresas que producen o usan plásticos en empaques, envases y embalajes se desentienden de su destino y consecuencias finales, y simplemente, transfieren los costos a los gobiernos locales y a la sociedad presente y futura. Desde 1950 a la fecha, más de 8,300 millones de toneladas de plásticos han sido manufacturadas en el mundo. Incluyen, principalmente, PET (Tereftalato de Polietileno), polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, poliestireno, y PVC.

Catástrofe climática, indiferencia ¿por qué?

Hay que preguntar directamente por qué no actuamos ante la evidencia cada vez más abrazadora y trágica del calentamiento global. No son suficientes las estadísticas de temperatura extrema, ni las tendencias evidentes de su escalamiento exponencial (el “Palo de Hockey” de Mann, Bradley y Hughes). Tampoco, las consecuencias catastróficas que se proyectan con miles de muertes por calor y deshidratación, además de tormentas de fuego infernales por incendios forestales masivos, aire saturado de partículas tóxicas, mares hirvientes, elevación desastrosa en los niveles del mar, inundaciones bíblicas, muerte masiva de corales, desaparición de glaciares y del hielo en el Ártico, derretimiento de la Antártida y Groenlandia, sequías y hambrunas apocalípticas, y la alteración de corrientes marinas y sistemas de circulación atmosférica, que transformarán radicalmente el clima de la Tierra, provocando con ello cientos de millones de refugiados climáticos.

Frente Amplio Va por México. Mi exposición de motivos y propuesta

México atraviesa por una situación crítica, sin precedente en su historia moderna. Un gobierno populista que es conducido con base en falsedades, agresiones mediáticas y manipulación de la opinión pública, promueve la división, la polarización y el enfrentamiento en la sociedad. Rodeado de ineptitud y corrupción, ha concentrado un poder casi absoluto, y ha militarizado al país, otorgándole a las Fuerzas Armadas una amplia gama de negocios y responsabilidades ajenas a su función constitucional. El gobierno ha entrado en una cohabitación tácita con bandas criminales, concediéndoles el control de una gran parte del territorio nacional, habiéndose llegado a niveles récord de violencia con casi 160 mil asesinados en los últimos cuatro años. Se ha arraigado un fenómeno de delincuencia social o de insurgencia criminal, donde el crimen organizado se ha dado a sí mismo base social al insertarse en pueblos, comunidades y colonias. Los cuerpos de seguridad del régimen, la propia Guardia Nacional militarizada, y las Fuerzas Armadas son ostensiblemente incapaces de combatir al crimen.

Comunidades indígenas; conservación de bosques y captura de carbono

Distintos tipos de propiedad de la tierra tienen una incidencia diferente en la conservación y uso sostenible de bosques y selvas, en la biodiversidad, y en emisiones y captura de carbono. Propiedad pública, propiedad privada individual o propiedad colectiva de bosques y selvas pueden generar distintos resultados. En países desarrollados, donde hay una vigencia plena del estado de derecho y una institucionalidad sólida, la propiedad pública en conjunción con la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas, básicamente Parques Nacionales, funciona casi de manera infalible. Esto ocurre notablemente en los Estados Unidos, donde alrededor del 35% de territorio nacional es de propiedad pública. A su vez, y en general, la propiedad privada de bosques y selvas es capaz de promover la conservación, siempre y cuando la renta generada por su aprovechamiento sostenible sea mayor al costo de oportunidad, es decir, a los beneficios de remover la vegetación forestal para dedicar la tierra a la agricultura, a la ganadería o al desarrollo urbano.